OPINION

La revolución ciudadana


Menos mal que las “revoluciones” ya han pasado de moda en nuestro país, así como también los golpes de Estado, según algunos cientistas optimistas porque el sistema democrático ha tendido a consolidarse o porque Estados Unidos los desaprueba. Pero también se podría tratar de una evolución conceptual, pues hasta mediados del siglo XX todavía se llamaba “revolución” al derrocamiento más o menos incruento de un gobierno y actualmente ya no se habla de “golpe de Estado”

Menos mal que las “revoluciones” ya han pasado de moda en nuestro país, así como también los golpes de Estado, según algunos cientistas optimistas porque el sistema democrático ha tendido a consolidarse o porque Estados Unidos los desaprueba. Pero también se podría tratar de una evolución conceptual, pues hasta mediados del siglo XX todavía se llamaba “revolución” al derrocamiento más o menos incruento de un gobierno y actualmente ya no se habla de “golpe de Estado” dictatorial a secas, sino de “golpe de Estado” blando o líquido, que tiene lugar retorciendo los mecanismos constitucionales.

Después de la revolución liberal – respecto de la cual hay consenso que fue la revolución por antonomasia- se han disputado este calificativo “la gloriosa” revolución de mayo de 1944 contra el régimen arroyista, que Velasco Ibarra lideró en aras de la libertad de sufragio y que en último término estalló por la sublevación del ejército contra el omnipotente cuerpo de carabineros; y la “juliana” de 1929, por la cual la joven oficialidad militar, sin utilizar las armas, puso término al predominio de la bancocracia liberal. Obviamente, la dictadura del general Rodríguez Lara, que se etiquetó como nacionalista y revolucionaria, llegó tarde para que la historia la incorporara a esta providencial galería.

Sin embargo, el gobierno surgido en 2006 de elección democrática y presidido por el entonces outsider Rafael Correa, persistió en autodenominarse también “revolución ciudadana”, acaso porque se proponía reemplazar el ordenamiento estatal vigente con la directa participación popular. Pero, a partir de una asamblea constituyente que convocó forzando los mecanismos institucionales disponibles y de la expedición de una nueva Constitución a su medida, como ha sido usual en la historia del derecho constitucional ecuatoriano, la realidad terminó por imponerse: un gobernante autocrático que hizo de su voluntad la ley de la república, a través de un partido político que organizó desde el poder- Alianza País-, útil mecanismo de la democracia representativa para efectuar cuantas elecciones y consultas populares requiriera.

Su gran objetivo fue librarle al país de la “larga noche neoliberal”, pero que apenas duró el lapso del gobierno de Durán Ballén, más en el ámbito legislativo que en la implementación de medidas concretas. Erigió, asimismo, como fantasmas a ser abatidos por él a la “partidocracia”, que en Alianza País reprodujo, y a la prensa “corrupta” (apelativo injurioso), algunos de cuyos medios lo promovieron originalmente, pero a la que finalmente no pudo vencer. Los demás sectores sociales, como el de los indígenas, tampoco escaparon a su prepotencia dictatorial. La Constitución de Montecristi quedó para que básicamente en seminarios y libros los neotratadistas ponderaran los entreveros vacuos del “neoconstitucionalismo”, pero no para ser aplicada real e indiscriminadamente.

No obstante, al término de su mandato, Correa está persuadido de que, efectivamente, llevó a cabo una revolución y de que el pueblo ecuatoriano lo llamará nuevamente para proseguirla, confundiendo obra pública con transformación estructural. Apuesta al inmovilismo político y social y a su convicción de que es un líder mesiánico único, indispensable e insustituible. El desafío está planteado.