OPINION

Defenderse en libertad


Rosalía Arteaga Serrano

El trágico fallecimiento del Ing. José Agusto Briones, recluido en una cárcel, que enlutó a su familia y amigos, deja una serie de incógnitas que esperamos sean resueltas en un tiempo cercano, pero pone también sobre el tapete de la discusión el exagerado uso de la prisión preventiva, que vulnera el principio de que se presume la inocencia y de que nadie es culpable hasta que sea declarado por los jueces competentes.

Hace muchos años, décadas, cuando elaboraba mi tesis de grado, escogí hacerlo sobre el derecho penal, así, escribí un trabajo denominado “La pena de muerte, consideraciones sobre su no aplicación en la legislación penal ecuatoriana”, estudié, leí mucho, investigué en la forma en que se lo hacía en la época, visitando las bibliotecas públicas y privadas, consultando con los profesores. Me explayé en los análisis históricos, me remití a casos famosos, inclusive recogidos por la literatura, en donde, luego de ejecutados los reos se descubría que eran inocentes, por lo que no podía menos que oponerme con fuerza a la denominada pena capital, basada en la preocupación de que pudiera matarse a un inocente.

Por ello, cada vez que se habla de instaurar la pena de muerte en un país, me opongo, y lo hago de una manera razonada, conociendo de la falibilidad de los jueces, de los errores que pueden cometerse tanto de buena como de mala fe.Pero también me preocupa, y este caso del amigo ausente me ratifica en esa preocupación, la angustia y el dolor que se ocasionan cuando se toman decisiones que atentan contra la libertad de las personas, agravadas por el eco mediático que este tipo de situaciones generan, así como también me preocupa la discrecionalidad que hace que a unos acusados, en diversos casos que se registran en la historia reciente del Ecuador, se les aplican medidas cautelares sustitutivas como prisión domiciliaria, el uso de grilletes, así como también la prohibición de ausentarse del país.

La temática es delicada, amerita análisis de cada caso, ponderación de las medidas, cuidado de los bienes y los recursos públicos, pero también de la vida, en la que se incluye la de las personas examinadas por la justicia y que han perdido su libertad.