NACIONAL

Jueza condena a miembros de Comisión Anticorrupción, pero Contralor renuncia a acción penal


La jueza Karen Matamoros declaró culpables a los nueve miembros de la comisión Anticorrupción por el delito de injurias calumniosas interpuestas por el contralor Carlos Pólit.

La jueza Karen Matamoros declaró culpables a los nueve miembros de la comisión Anticorrupción por el delito de injurias calumniosas interpuestas por el contralor Carlos Pólit.

No obstante, el abogado del controlar, Hernán Ulloa Parada, leyó un escrito en el que el Contralor renunció a la acción penal. La jueza posteriormente acepta el desistimiento y declara prescrita la acción penal.

Horas antes, el presidente electo Lenín Moreno había pedido, a través de su cuenta de Twitter, que el contralor revise la demanda y que tenga tolerancia. “Animo al señor Contralor, Carlos Pólit, a revisar demanda contra @CNACEcuador. Es momento de mayor tolerancia”, escribió.

Y añadió “pero también exhortamos a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad”.

Prisión y 900.000 dólares

La jueza acogió el pedido de Ulloa Parada de una sentencia de 6 meses a 2 años de prisión para los integrantes de la comisión y el pago de indemnización por el daño moral de $ 900.000 (100.00 dólares por cada miembro).

Los miembros de la Comisión querellados son Julio César Trujillo, de 85 años; Isabel Robalino (99), María de Lourdes Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa (88), Alfredo Rodas, Ramiro Román, Juan Fernando Vega (71) y Jorge Rodríguez.

La querella nace de las denuncias realizadas por los comisionados sobre la Refinería del Pacífico. Carlos Ulloa Parada indicó que la denuncia por sobreprecio en el caso fue declarada maliciosa y temeraria.

Según Ulloa, los imputados, al denunciar la supuesta falta de fiscalización en el proceso de compra del terreno, incluyeron al contralor en el ámbito del delito de cohecho. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado prueba alguna que demuestre una negligencia o irresponsabilidad de Pólit en el ejercicio de su cargo, explicó Ulloa Parada.

Felipe Rodríguez, abogado de dos de los procesados, alegó que no existe prueba de la calumnia y que la querella es extemporánea. Según él, la ley permite presentar el reclamo “dentro de los seis meses siguientes a los hechos y no a los 9 meses y siete días como se lo hizo”, por lo que pidió a la jueza Karen Matamoros que declare la prescripción de la acción.