NACIONAL

PSC presentará solicitud de juicio político por injerencia de Fiscalía y Contraloría en elecciones


QUITO. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA también hizo pública su preocupación por el proceso electoral.

QUITO.- La bloque conformado por el Partido Social Cristiano (PSC) y Madera de Guerrero, a través de un comunicado firmado por César Rohon, expresó su preocupación por lo que calificaron como una “indebida e ilegal injerencia de otras autoridades” en el proceso electoral que culminaría el próximo 11 de abril con la segunda vuelta electoral.

Esto, en referencia a las acciones anunciadas por la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado para investigar el proceso electoral, que según el comunicado del bloque, pueden poner en riesgo el mismo. Además, Rohon mencionó que presentarán una solicitud de juicio político.

“Dejamos clara nuestra posición al país, que, de insistir en afectar la institucionalidad democrática o el normal desarrollo de las elecciones, se estaría configurando un evidente incumplimiento de funciones por parte de las autoridades involucradas, por lo que iniciaremos de inmediato la solicitud de enjuiciamiento político correspondiente”, aseguró el bloque representado por Rohon.

Se agregó que las acciones de estos órganos pueden poner en riesgo este proceso y se señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) son los únicos órganos competentes según la Constitución y la Ley, con atribuciones y competencias para conocer en las instancias correspondientes las denuncias y reclamos en materia electoral.

Además, recordaron que el Código de la Democracia en su artículo 16 establece de manera expresa que ninguna autoridad extraña a la organización electoral, podrá intervenir de manera directa o indirecta en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales.

En el mismo sentido, el artículo 279 numeral 7 de la mencionada Ley, señala como una infracción muy grave y sanciona con multa de hasta setenta salarios básicos unificados y la destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años a quienes interfieran en el funcionamiento de la Función Electoral.