OPINION

Prueba de fuego


Nuestro artículo de la semana anterior recogía el hecho de que las exportaciones agroalimentarias latinoamericanas hacia la Unión Europea se encontraban debidamente protegidas por normas dictadas por sus órganos legislativos y ejecutivos, no solo comunitarios, sino también por leyes de cada uno de los 27 países que la integran, como la Directiva (UE) 2019/633

Nuestro artículo de la semana anterior recogía el hecho de que las exportaciones agroalimentarias latinoamericanas hacia la Unión Europea se encontraban debidamente protegidas por normas dictadas por sus órganos legislativos y ejecutivos, no solo comunitarios, sino también por leyes de cada uno de los 27 países que la integran, como la Directiva (UE) 2019/633, que condena prácticas comerciales desleales que afectan a proveedores y consumidores, en las que se encuadra la insólita pretensión de la transnacional alemana Aldis de reducir en 1,25 dólares el precio de la caja de banano, como una especie de castigo, por no cumplir con elementales regulaciones ambientales y sociales, según su descabellado decir.

Aldis es un conglomerado de supermercados “con descuentos”, de origen teutón, que opera con más de 10.000 agencias en 18 países, siendo por tanto un grupo líder, con enorme poder de negociación para comprar y mucho control para vender a minoristas, intentando marcar el ritmo del negocio exclusivamente en su beneficio, utilizando argucias intimidatorias a proveedores que culminan perjudicando a los agricultores. Los gremios latinoamericanos han protestado virilmente, siendo el momento para constituir un gran frente que haga sentir su peso no solo por este especial caso, ejemplo inmejorable de injusticia y prueba de prepotencia del más fuerte contra las debilitadas economías de países bananeros, sino para exigir de una vez por todas mejor valor por la fruta, que favorezca realmente a los países y sus cultivadores.

La agricultura tiene riesgos, es generadora de productos perecederos, dependientes de procesos biológicos, expuestos a desarreglos meteorológicos, como los que en la actualidad agobian a los campesinos centroamericanos, endebles para sucumbir a métodos mercantiles perversos, obstaculizando el libre flujo de los suministros agrícolas y alimentarios. Pero para hacer valer derechos no basta con invocarlos, sino recurrir a los mecanismos formales de reclamación que la propia Unión Europea ha franqueado para frenar violaciones de sus reglas de protección.