OPINION

Editorial: Golpes duros


Terminado el estado de excepción y la emergencia nacional a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, vienen ya las facturas de servicios básicos, cuya emisión estuvo suspendida.

Estas facturas, acumuladas durante la emergencia sanitaria, generan más de una preocupación entre los ecuatorianos. En noviembre ya empezarán los cortes a quienes no paguen sus deudas, ya sea por agua, teléfono o incluso energía eléctrica. Además, en noviembre también empiezan los desahucios por concepto de arriendos.


Terminado el estado de excepción y la emergencia nacional a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, vienen ya las facturas de servicios básicos, cuya emisión estuvo suspendida.

Estas facturas, acumuladas durante la emergencia sanitaria, generan más de una preocupación entre los ecuatorianos. En noviembre ya empezarán los cortes a quienes no paguen sus deudas, ya sea por agua, teléfono o incluso energía eléctrica. Además, en noviembre también empiezan los desahucios por concepto de arriendos.

Es decir, es una dura carga económica que se viene para los ecuatorianos, aquellos que no solo tienen consigo el dolor de haber perdido familiares durante esta pandemia, o de haber perdido su empleo, sino que, además, debe buscar de dónde sea para poder pagar todo lo pendiente.

Decir que el gobierno no ha hecho nada por los ecuatorianos en este sentido, evidentemente es una exageración, pues gracias a la Ley Humanitaria, impulsada desde el régimen, se ha logrado aplazar esta carga económica, pero llegó el día de pagar.

No está demás pensar en que el Estado en su conjunto proteja a las familias ecuatorianas golpeadas, a todo nivel y en todo sentido, por la pandemia.

Claro, el gobierno no tiene dinero para asumir más subsidios. Sin embargo, deben reunirse todas las instituciones del Estado y analizar esta problemática, a fin de tener listo hasta antes del 13 de noviembre nuevas medidas que permitan amainar la carga hacia las familias ecuatorianas.

No hacerlo trae, lamentablemente, consecuencias trágicas. Ayer en Machala, por ejemplo, hubo dos suicidios. Personas que, quizás, agobiadas por las deudas, por la falta de un empleo o un trabajo estable, encontraron en la autoeliminación la vía de escape a sus inconvenientes.

Nadie quiere que más vidas se pierdan post confinamiento, mucho menos luego de tanto dolor causado por esta enfermedad mortal. Ojalá y desde las autoridades se lleguen a acuerdos con las empresas e instituciones proveedoras de servicios, para lograr, mediante cruces de cuentas con el Estado, nuevas exoneraciones que beneficien, sin lugar a dudas, a todos quienes han sufrido las consecuencias de la pandemia.