OPINION

Editorial: Deficiencias


La llegada del Covid-19 al país visibiliza una serie de deficiencias que como sociedad tenemos los ecuatorianos.

La llegada del Covid-19 al país visibiliza una serie de deficiencias que como sociedad tenemos los ecuatorianos.

Hay disposiciones expresas y obligatorias de cumplir para no salir de casa, y, sin embargo, más de 900 personas han sido detenidas por incumplirlas. Existen restricciones de circulación vehicular, pero no lo cumplimos. Los ciudadanos son los principales responsables del masivo contagio.

Lo lamentable de todo esto es que por la irresponsabilidad ciudadana ya tenemos a dos provincias con casos comunitarios y son Guayas y Pichincha.

Esto es sumamente preocupante porque significa que el virus habita en esas provincias y que cualquier ciudadano que visite esos lugares puede convertirse en portador y a su vez, al regresar, lo puede transmitir a sus localidades.

Algo similar es lo que ocurre en El Oro. Solo tres casos corresponden a personas provenientes del extranjero. El resto se contagió en la provincia de Guayas.

Entonces, si parece que la única salvación es quedarse en casa, ¿Cómo pueden los ecuatorianos intentar cumplir sus responsabilidades tributarias y bancarias?

Esa es la disyuntiva de la mayoría de ciudadanos. La respuesta de la banca privada hasta ahora parece ser incipiente y escasa en una época de esfuerzos extraordinarios.

Ojo, ningún ecuatoriano quiere condonación de deuda alguna, tampoco bonos ni exenciones tributarias. Lo que pide es plazo. Es decir, no cobrar este mes de marzo, tampoco abril y hasta que dure la emergencia, para retomar los pagos cuando las actividades vuelvan a la normalidad.

De la misma forma con otro tipo de deudas como tarjetas de crédito, adquisiciones de vehículos o viviendas.

Eso, en este momento, es más importante que buscar nuevos créditos y más deudas para cumplir con las obligaciones.

Pero no, al contrario, los bancos han encontrado en la deuda la solución. Que los ecuatorianos se endeuden más para pagarles a ellos. Eso requiere un profundo análisis no solo de la Superintendencia, sino de los organismos llamados a fiscalizar como la Defensoría del Pueblo y la propia Asamblea Nacional.