DEPORTES

Editorial: Mano a la justicia


Era un secreto a voces: Rafael Correa, cuando era presidente, le metió la mano a la justicia y puso a sus colaboradores más cercanos y de confianza en la función judicial.

Era un secreto a voces: Rafael Correa, cuando era presidente, le metió la mano a la justicia y puso a sus colaboradores más cercanos y de confianza en la función judicial.

Eso, que durante su mandato era vox populi, hoy tiene un sustento con aire de prueba, que parece irrefutable: la desclasificación de un chat entre Pamela Martínez Loayza, exasesora del primer mandatario, y el exvocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito.

El expediente, que está en poder de la Fiscalía, contiene este chat en el que Martínez detalla a Arbito que Correa le pidió un informe a fin de conocer cómo avanzaba la selección.

En este chat, Martínez le escribe a Néstor Arbito: “Nes, ya hablé con jefe sobre proceso de 700. Él quiere meter a amigos en el proceso”. Eran 700 los cupos en la Escuela de la Función Judicial.

Pero además, en un correo electrónico de Laura Terán, detenida en el caso Sobornos 2012-2016, consta un “listado de las personas que deben ser consideradas” para jueces y notarios.

Estas dos evidencias halladas por la Fiscalía dejan en claro la frontal, descarada y alevosa metida de mano del exmandatario a la justicia.

Es ilógico que desde el anterior gobierno se cuestionaba y criticaba el viejo país donde la justicia estaba politizada, cuando ellos caían en el mismo error.

Y eso explica, por ejemplo, por qué, durante el correato, hubo sentencias que lo beneficiaron, como el caso El Universo, la condena contra Cléver Jiménez, Mery Zamora, etc.

En 2017, en una primera filtración de chats, el expresidente Rafael Correa tuiteó: “Nos han robado miles de mails, que lo único que demuestran es el cumplimiento de mi deber como presidente”. Admitió, en aquella ocasión, la veracidad de los chats.

Esa evidente intervención merece, cuando menos, una investigación de carácter oficial. Lo ideal sería sentar precedentes e iniciar el camino hacia una reforma que permita garantizar una real independencia no solo a la justicia, sino a todas las funciones del Estado.