OPINION

La administración de Justicia


Francisco Huerta Montalvo


La Constitución de la República prevé que la Administración de Justicia esté viciada por “la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o la dilación procesal”. Todo ello, en teoría, será sancionado de acuerdo a la ley.

Me choca señalar que lo que debería ser excepcional se convierta en recurrente, al menos a mí me parece tal cuando de distinta manera se me acercan los lectores a comunicarme sus casos, trátese de un juez de Esmeraldas, generales retirados acusados de violaciones a los derechos humanos o madres a las que se les niega la tenencia de sus hijos.

¿Qué tienen en común los temas señalados? Simple, lisa y llanamente: distintas variables de la corrupción. Las sentencias siguen teniendo precios, en metálico o en favores, a ser cobrados después, que dilatan o apresuran los trámites.

Con base en el error inexcusable se produjeron enormes injusticias todavía no remediadas. ¿Por qué? ¿Qué factor extraño a la justicia frena las decisiones?

En cuanto a los generales, algunos de los cuales son mis antiguos amigos y merecen respeto por su dedicación al servicio del país, es evidente el maltrato discriminatorio con que se manejan los procesos legales a los cuales están sometidos. ¿Hasta cuándo se continuará administrando justicia a base de sesgos seudoideológicos y prejuicios?

Y en cuanto a la madre, acusada “de todo” por poderosos abogados con grandes honorarios pagados por su enriquecido exesposo, que ahora goza de un cargo donde hace de las suyas, gracias a su amistad con un palo grueso, por parentesco, del actual gobierno, ¿es justo mantenerla en estado de indefensión aprovechando el manejo doloso de bienes públicos?