NACIONAL

Fiscalía allana inmuebles del Ministerio de Salud por pruebas rápidas de VIH


QUITO.- La Fiscalía General del Estado informa que, ayer, se llevaron a cabo tres allanamientos en Guayaquil, Quito y Puyo, dentro de la investigación previa que se sigue en contra del Ministerio de Salud Pública por el delito tipificado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

QUITO.- La Fiscalía General del Estado informa que, ayer, se llevaron a cabo tres allanamientos en Guayaquil, Quito y Puyo, dentro de la investigación previa que se sigue en contra del Ministerio de Salud Pública por el delito tipificado en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Se trata del delito de “Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados”.

Según el COIP, “la persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las exigencias normativas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

OPERATIVOS

Los operativos en Guayaquil se realizaron en los laboratorios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); en el Puyo, en el Centro de Salud tipo A Morete; y en Quito, en las bodegas del Ministerio de Salud ubicado al sur de la ciudad, en el sector del Beatereo.

Durante las diligencias se incautaron pruebas rápidas para la detección del VIH de cuarta generación, las mismas que serán llevadas a través de la cadena de custodia correspondiente para ser analizadas por peritos especializados.

DETALLES

Según el COIP, en el segundo inciso del mismo artículo, “la persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con una multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma”.