OPINION

EDITORIAL: Década corrupta


El denominado caso “Arroz Verde” se constituye en una muestra más de la serie de actos de corrupción que se cometieron en el gobierno anterior. Claro, aún existen cabos sueltos. Faltan elementos para conectar determinadas historias y persisten los vacíos en tantas otras presunciones alrededor de cómo es que se han dado determinados hechos.

El denominado caso “Arroz Verde” se constituye en una muestra más de la serie de actos de corrupción que se cometieron en el gobierno anterior. Claro, aún existen cabos sueltos. Faltan elementos para conectar determinadas historias y persisten los vacíos en tantas otras presunciones alrededor de cómo es que se han dado determinados hechos. Sin embargo, el financiamiento de empresas privadas multinacionales a la campaña presidencial del binomio Rafael Correa Delgado – Jorge Glas Espinel deja en evidencia el por qué esas mismas empresas fueron las beneficiarias de millonarios contratos, obras dantescas que sin embargo, con el tiempo, han pasado a constituirse en elefantes blancos.

Ahora la Fiscalía es el ente llamado a investigar. A recoger todos los elementos de convicción que permitan, de una vez por todas, dar con el paradero de todas aquellas personas que han saqueado al Estado y lo han dejado con deudas impagables, cuyas consecuencias, lamentablemente las pagan los afiliados, los jubilados, los usuarios de hospitales, escuelas, etc. Lamentablemente, la Asamblea Nacional parece no ubicarse en el lado correcto de la historia. ¿Por qué?, ¿Acaso no les conviene que se abra una investigación para determinar el origen de los fondos de la campaña electoral de todos los políticos electos?

Los organismos de control fueron designaron para cumplir con sus funciones. También deben involucrarse en este proceso. Es momento de que la clase política del país se de un baño de verdad, transparente organización, fuentes de financiamiento y demás. O sino, si creen que no deben hacerlo, entonces que tampoco al resto de los ecuatorianos les pidan llenar formularios para saber cuál es su proyección de gastos personales, ni que los que son empleados revelen al IESS cuánto ganan, etc. ¿Cómo pretenden decidir sobre qué hacer con el dinero de los ecuatorianos si no son capaces de transparentar ni siquiera sus propias cuentas?