OPINION

Editorial: Planillas de luz


La revisión a las tarifas por concepto de alumbrado público, cuyo rubro se ve reflejado en las planillas de consumo de energía eléctrica, ha desatado profundo debate, sobre todo en redes sociales, por parte de los usuarios.

La revisión a las tarifas por concepto de alumbrado público, cuyo rubro se ve reflejado en las planillas de consumo de energía eléctrica, ha desatado profundo debate, sobre todo en redes sociales, por parte de los usuarios.

Al tratarse de un servicio básico, es evidente el malestar generalizado en todos: ricos, pobres, amas de casa, jefes de hogar, empleados, obreros, desempleados, en fin.

La queja apunta, sobre todo, a la casi nula explicación en torno al por qué de la medida, que además, la confusión llegó acompañada de desinformación.

El ente que estuvo a cargo de esta alza de tarifas fue Arconel, es decir, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Este organismo, dentro de su justificación del por qué adopta esta medida, está que no se trata de elevar el precio de la luz, sino “estandarizar el cobro”.

Según Arconel, con la estandarización de los cobros, el 98 % de los usuarios pagará menos de lo que ha pagado hasta ahora por concepto de energía eléctrica y el alza se verá reflejado en el 2 % de la población. Mientras tanto, persiste la incertidumbre en torno a cuánto subirá la luz. Además, los abonados a CNEL que ya sufrieron un cobro elevado por este concepto, recibirán la devolución de estos rubros, recién desde el mes de junio.

El régimen debe ser más claro y transparente con los ecuatorianos en torno a las decisiones que se toman.

Si los usuarios que se sintieron afectados no reclamaban en redes sociales, es probable que nunca nos hubiésemos enterado de la intención de “estandarizar el cobro” por concepto de alumbrado público que se ve reflejado en las planillas de luz. Pero esta es tan solo una más de las distintas decisiones gubernamentales tomadas sin conocimiento de los ciudadanos.

Por eso, también resulta valedera la solicitud de la Defensoría del Pueblo, ente que exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas, que difunda cuáles son los acuerdos a los que ha llegado el Fondo Monetario Internacional con el Ecuador.