CIUDAD

‘Nuestro trabajo es apegado a la ley’


Que no están impidiendo el derecho al trabajo, que simplemente exigen que se cumpla lo que establece el reglamento del Distrito de Educación Machala, aseguró Miriam Cárdenas, principal de dicha entidad.


Linda Reyes P.

lreyes@diariocorreo.com.ec

Que no están impidiendo el derecho al trabajo, que simplemente exigen que se cumpla lo que establece el reglamento del Distrito de Educación Machala, aseguró Miriam Cárdenas, principal de dicha entidad.

La funcionaria aclaró mediante una entrevista a este diario, sobre las declaraciones que realizaron las personas que fueron desalojadas de los bares del Colegio Nueve de Octubre.

Cárdenas explicó que la única persona con la que el Distrito mantenía un vínculo legal por el contrato de arrendamiento y figurar como administrador de los bares del colegio es con José Lorgio Camacho.

En los documentos que mostró Cárdenas consta que el antes mencionado, fue administrador desde el 2015.

Todos los contratos que firmó consta en la clausula que no puede ceder, ni en todo ni en parte el inmueble material del presente contrato, ni subarrendar ni aportará nuevas sociedades el objeto de este contrato, sin autorización previa y por escrito del arrendador.

La principal del distrito aclaró que en el último contrato indicaron a Camacho que su duración sería hasta que el proceso de adjudicación de los bares sea subido al portal de compras públicas.

“El distrito educativo le notificó el 06 de julio del 2018 que el proceso de terminación del contrato iba a ser el 31 de marzo. El comunicado llegó con 90 días de anticipación, con el fin de que concurse en el proceso que es registrado en el portal de compras públicas”, dijo la directora.

Aclaró que cuando inició el proceso para la administración de los bares, solo una persona de los que se sienten perjudicados concursó.

La ganadora fue Carmen del Rocío Beltrán, quien tendrá que pagar el primer mes de arriendo sin haber utilizado las instalaciones y no pudo adecuarlas a tiempo. Aclaró que son ocho bares y no 10 como lo mencionan en la nota.

“Las demás personas que aparecen como perjudicadas no tienen ningún contrato con el ministerio, ellos estaban utilizando los bares como bodegas. Se notificó al señor Camacho que ya debían salir de manera escrita y por medio de llamadas telefónicas. Nuestro trabajo es apegado a la ley y lo que está establecido en la misma”.

Informó que el anterior administrador no ha sido desalojado, a pesar de que le notificaron para que desocupe las instalaciones de los bares.

“La unidad financiera les avisó que ya se tenía que cumplir el nuevo contrato y que debían desalojar. Nosotros no hemos actuado de manera arbitraria o altanera como lo expresan ellos”, puntualizó Cárdenas.