OPINION

Editorial: Justicia implacable


La reciente muerte del expresidente peruano, Alan García Pérez, a más de conmocionar al mundo por la forma como se dio, ha generado un debate sobre la aparente independencia con la que se maneja la justicia peruana, que no está viendo nombres ni cargos, al momento de tomar decisiones ejemplarizadoras.

La reciente muerte del expresidente peruano, Alan García Pérez, a más de conmocionar al mundo por la forma como se dio, ha generado un debate sobre la aparente independencia con la que se maneja la justicia peruana, que no está viendo nombres ni cargos, al momento de tomar decisiones ejemplarizadoras.

Y es que a las pruebas nos remitimos. En las últimas décadas hemos visto como expresidentes como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como otros funcionarios públicos y hasta familiares de los exmandatarios, han estado en la mira judicial por escándalos de corrupción.

Seguramente el sistema judicial peruano tendrá sus falencias y cuestionamientos, pero no deja de llamar la atención con la rapidez que se adoptan medidas cuando se tiene que defender los intereses colectivos, en contra de ciertos políticos que han hecho de la corrupción, su práctica cotidiana, apropiándose de dinero que le pertenece al Estado.

Lamentablemente, en nuestro país, pareciera que a ciertos jueces les tiembla la mano para castigar a quienes son investigados por aceptar sobornos o por malversar los fondos públicos. Aquí se emiten las órdenes de detención, cuando los involucrados ya han fugado del país. De ripley.

En el 2011, el gobierno de Rafael Correa planteó a través de un referéndum y consulta popular, la reestructuración de la función judicial, para lo cual se preguntaba si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con la conformación de un Consejo de la Judicatura de transición.

Esto lo único que ocasionó es que la justicia cambie de dueño en el país, es decir que el poder que estuvo en manos de un partido político pase a otro, aunque hay que reconocer que ciertos servicios se modernizaron y se mejoró la infraestructura de la judicatura en diferentes provincias.

Con los casos Odebretch y Fifagate quedó en evidencia que la corrupción es un mal generalizado en diferentes países de la región y que el Ecuador no debe ser ajeno, sobre todo en la diligencia que con la que debe actuar la Función Judicial al momento de castigar a los responsables.