CIUDAD

Colectivos Profamilia rechazan el matrimonio civil igualitario


Nathaly Logroño, abogada experta en derechos humanos.

Daniela Lozada, vicepresidenta de la Asociación Glbti Nuevo Despertar Diverso.

Alexandra Vallejo, miembro de la Asociación Padres con Derecho.


Por Oswaldo Galarza

El pasado 29 de marzo, se instaló la audiencia sobre una Opinión Consultiva realizada por el Tribunal de la sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, respecto a una presunta violación de derechos a Efraín Soria, quien presentó una acción de protección al impedírsele contraer matrimonio civil con su pareja del mismo sexo el 7 de mayo de 2018.

El tribunal penal consultó a la Corte Constitucional, si la Opinión Consultiva CC-24/17 de la Corte IDH, que establece derechos más favorables para la población Glbti, como la opción de contraer matrimonio a personas del mismo sexo, puede aplicarse en Ecuador. Esto sin reformas a la Constitución o a la Ley Orgánica de Identidad y Datos Civiles y Código Civil.

La pareja del mismo sexo tiene una unión estable, viven ya 12 años juntos y cuentan con uniones de hecho.

ILEGÍTIMA

Alexandra Vallejo, miembro de la Asociación Padres con Derecho, considera que la Corte Constitucional no puede aceptar esta petición, porque la Ley y la Constitución de la República son claras con respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer.

Declaró que la Comunidad Gay, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex (GLBTI) ha logrado en los últimos años, avances en el respeto a sus derechos.

En el 2015, se aprobó la unión de hecho, que garantiza a las personas del mismo género, iguales derechos y obligaciones que los de un matrimonio.

Por ejemplo, a una pensión de montepío, la afiliación al Seguro Social, a conformar un hogar, a las utilidades que le corresponden como carga familiar en los trabajos de empresas privadas e incluso a heredar los bienes.

“Los grupos minoritarios están protegidos, tienen leyes a su favor, no hay discrimen, han logrado mucho en los últimos años”.

Ratifica que la Corte Constitucional debe rechazar esta acción, porque en primer lugar es una Opinión Consultiva que se aplica en Costa Rica y que no tiene validez en Ecuador, además que atenta contra la base de la sociedad que es la familia y está conformada por el padre, la madre y los hijos.

“Los nuevos colectivos a favor de la diversidad hablan de dos papás y dos mamás, y al aceptar el matrimonio de dos personas del mismo sexo estamos dando paso a la adopción, quieren implementar en Ecuador, normas de otros países, con ideologías y costumbres diferentes”.

BASE LEGAL

Nathaly Logroño, especialista en derechos humanos, explicó que la Opinión Consultiva de la Corte IDH, se elaboró de acuerdo a las leyes de Costa Rica, por lo que aseguró que no es posible que sea analizada en Ecuador, porque el Estado es el que debe formular nuevas preguntas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La Corte debe interpretar una nueva opinión de acuerdo a la base legal de nuestro país, pero los demandantes exigen al Tribunal y a la Corte Constitucional que tomen una referencia de normas y preguntas de otro país”.

Declaró que la pareja afectada y los miembros de los colectivos que apoyan el matrimonio igualitario y denunciaron a la Corte Constitucional, desconocen el artículo 15 de la Declaración de Derechos y Deberes del hombre, que establece el derecho a la protección de la familia, el elemento fundamental y natural de la sociedad y debe ser protegido por el Estado, de acuerdo a la legislación interna.

“Está claro, la legalidad nacional está por sobre la internacional”, precisó la abogada en libre ejercicio.

Añadió que la Constitución de la República del Ecuador aplica en su artículo 67, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El artículo 81 del Código Civil define al matrimonio por el cual, un hombre y una mujer se unen con el fin de convivir, procrear y auxiliarse mutuamente.

“La naturaleza del matrimonio es la unión entre personas de distintos sexos y la procreación, son dos conceptos naturalezas fundamentales”.

Corroboró que el Estado ecuatoriano reconoce la unión de hecho, con todos los beneficios que dispone un matrimonio, están amparados por la Constitución, pero no debe malinterpretarse para pretender cambiar la finalidad de una normativa.

FIRMAS

El viernes 12 de abril, miles de ciudadanos le pidieron al presidente Lenín Moreno que “haga respetar la Constitución del Ecuador, que en su artículo 67 señala que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer”, manifestó Carlos Arsenio Larco, abogado, que integra la Plataforma ciudadanos y familias unidas por los valores.

El grupo se concentró frente al Palacio de Carondelet y fue recibido por un delegado de la Presidencia de la República. Escuchó a los representantes y les pidió dejar las 17 100 firmas de respaldo a su misiva, según el procedimiento formal.

La plataforma ciudadana, adelantó el abogado Larco, continuará recogiendo firmas, para entregarlas al Presidente de la República. Insistió en que quienes buscan el matrimonio civil igualitario deben organizarse y presentar un proyecto de reforma constitucional a la Corte y que así se resuelva el tema.

‘ES SOLO UN PAPEL’

Daniela Lozada, activista de la comunidad Glbti en El Oro, opina que todos los ecuatorianos deben tener los mismos derechos, sin que la identidad de género influya en sus relaciones.

Dijo que la unión de hecho fue un logro para toda la comunidad, sin embargo, considera que firmar un papel, en este caso el matrimonio igualitario, no cambiará en nada los derechos que obtuvieron, como es la repartición de bienes y otros beneficios.

“En la relación debe primar el respeto, los sentimientos y consideración mutua, un papel no cambiará nada”.

Respeta la decisión de la pareja que exige la aprobación del matrimonio igualitario, pero considera que se debe respetar las leyes ecuatorianas y la Constitución.

“Hay que terminar con la discriminación en el país, que podamos gozar libremente de nuestros derechos, porque lamentablemente aún existen personas homofóbicas que no nos permiten una verdadera inclusión”.