OPINION

Editorial: El Oro y las alianzas público-privadas


Luego de una década de estimagtismos hoy cosechamos lo que el correísmo sembró: satanizar a la inversión privada, pensar que las privatizaciones son malas, pero sobre todo, creer que todo debe ser “gratis”. En El Oro tenemos dos participaciones del sector privado en obras públicas: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con Yilport y el eje vial Huaquillas-Río Siete con Consur R7H.

Luego de una década de estimagtismos hoy cosechamos lo que el correísmo sembró: satanizar a la inversión privada, pensar que las privatizaciones son malas, pero sobre todo, creer que todo debe ser “gratis”. En El Oro tenemos dos participaciones del sector privado en obras públicas: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con Yilport y el eje vial Huaquillas-Río Siete con Consur R7H. La forma poco transparente como se manejaron las adjudicaciones de los contratos de concesiones ha sido el eje transversal que marcó ambos procesos y derivó en una serie de reclamos. Yilport elevó el pliego tarifario en Portuaria sin haber ejecutado una sola obra de tecnificación en el puerto y apenas, con la ejecución del dragado. Pese a la serie de justos reclamos del sector bananero, nada detuvo que se aumenten las tarifas en Portuaria. Llevaron a cabo su plan, con la venia del correísmo. Un problema similar ocurrió con Consur. La empresa construyó dos peajes y uno debía empezar a funcionar desde el 1 de marzo, en un misterioso acuerdo postelectoral. Sin embargo, el sector transportista se sublevó y con respaldo del gremio nacional. Los cálculos políticos aparecen y no quieren perder popularidad, por eso, el gobierno, a través del MTOP, pidió frenar el cobro de la tasa, pese a que ya había una autorización previa.

Es lamentable que la poca transparencia con la que se ha manejado en el país, de manera especial durante el socialismo del siglo XXI, la adjudicación de concesiones mediante la figura de las alianzas público-privadas, traigan una serie de consecuencias. Por ejemplo, las decisiones contempladas en los contratos pero desconocidas por la ciudadanía porque no ha habido una adecuada sociabilización; y, sobre todo, la marcha atrás del régimen, vulnerando lo establecido en los contratos, lo que deriva en una especie de inseguridad jurídica para los inversionistas privados.

¿Cómo queremos atraer la inversión privada si cuando se toman estas decisiones cambiamos sobre la marcha de parecer por temor a perder votos?