OPINION

Editorial: Fiscal general


La designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado era algo que se veía venir.

Y no solo por su participación en el concurso de méritos y oposición, sino también por su impoluta trayectoria.


La designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado era algo que se veía venir.

Y no solo por su participación en el concurso de méritos y oposición, sino también por su impoluta trayectoria.

Ajena a intereses partidistas, desvinculada de todo tipo de organizaciones políticas o líderes políticos, Salazar atrae las miradas con la expectativa puesta en cómo lleve a cabo las investigaciones que deja su antecesora, Ruth Palacios, en marcha, y por supuesto, ver cuáles serán las siguientes.

Su presencia en casos claves como el FIFA Gate, que derivó en la prisión de Luis Chiriboga Acosta y posteriormente, su liderazgo al frente de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para que sea puesto tras las rejas Jorge Glas, son su envidiable carta de presentación.

Esperemos que con la misma entereza y decisión, lleve a cabo las investigaciones que sean necesarias para ejecutar un real e independiente proceso que derive en una correcta administración de justicia.

Deben ser investigados todos, sin importar vinculación alguna, al contrario, con total independencia.

Sobre aquello, es necesario que se lo haga además con celeridad, para evitar manoseos a los que lamentablemente nos acostumbró el régimen anterior.

Por lo menos, la flamante fiscal ya anunció que actuará sin presiones y que planteará un plan de investigación para jerarquizar los casos y resolverlos en la brevedad posible.

Esperemos que deje sentadas las bases para instaurar un estado de cero impunidad, algo que tanto anhela la ciudadanía.

Ojalá y actúe como lo dice. Ojalá y no le deba favores a nadie, a absolutamente nadie y que su independencia anunciada se materialice en hechos al momento de abrir casos de investigación, de solicitar indagaciones, de abrir instrucciones fiscales, en fin, todo lo necesario para implementar en el Ecuador una nueva forma de hacer justicia, la cual inicia desde las investigaciones previas, a cargo de la Fiscalía, ente que durante una década guardó silencio cómplice.