NACIONAL

Fiscalía descartó denuncia por financiamiento del IPPE


El secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, entregó ayer a la Fiscalía General del Estado información sobre el desvío de dinero público del Estado venezolano al expresidente Rafael Correa, para el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE).

QUITO.- El secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, entregó ayer a la Fiscalía General del Estado información sobre el desvío de dinero público del Estado venezolano al expresidente Rafael Correa, para el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE).

Son $281 mil que, según el gobierno, fueron distribuidos entre Correa y varios de sus exministros, a través de este Instituto.

La Fiscalía respondió el miércoles en un comunicado que había revisado la documentación entregada por Granda y concluyó: “los hechos expuestos en conocimiento de la presente institución, no configuran indicios de la presencia de una conducta típica y antijurídica en el país”.

Adelantó que tras el análisis “se concluyó que únicamente las conductas que se encuentren amparadas por la Ley Penal del Ecuador, serán susceptibles de ser perseguidas y castigadas”.

“Los hechos descritos no configuran un indicio del cometimiento de un delito, mucho menos una conducta penalmente perseguible, ya que los dineros de los cuales se menciona tienen su génesis en los caudales públicos de la República Bolivariana de Venezuela”, añadió la Fiscalía en un comunicado.

Granda también acudió a la Cancillería para pedir que se investiguen las actividades de la Fundación que da lugar al Instituto, pues se habría dedicado también a financiar a los abogados de Correa en el caso del secuestro de Fernando Balda.

En Cancillería, Granda señaló que la Fundación Eloy Alfaro realiza acciones partidistas, políticas y pagos a abogados.

Explicó que Cancillería determinará si se violó o no el objeto por el cuál se creó está Fundación.

En tanto, el canciller José Valencia señaló que se realizará un análisis y se desarrollarán acciones administrativas para absolver la consulta de la Secretaría Anticorrupción, siguiendo el debido proceso.

El Decreto 193 y el Acuerdo Ministerial 0065 determinan las obligaciones y derechos que tienen las fundaciones.

La noche del martes, la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, informó que la Fiscalía abrirá una investigación de oficio sobre este caso.

En un comunicado, el IPPE rechazó las declaraciones de varias autoridades del gobierno “por carecer de fundamento, y violentar el sigilo bancario, al ser información protegida por la Ley, con lo cual se busca afectar nuestro derecho fundamental a la dignidad y buen nombre”.

“El IPPE rechaza la manipulación política que se pretende dar a las actividades que desarrollamos”, concluye el comunicado.