OPINION

Editorial: Corrupción


Nuevas denuncias de corrupción documentadas contra obras ejecutadas en el gobierno de Rafael Correa fueron entregadas ayer a la Fiscalía.

Esta vez fue Iván Granda, Secretario Nacional Anticorrupción, quien entregó los sustentos de los supuestos pagos irregulares por un monto de $ 9.1 millones.


Nuevas denuncias de corrupción documentadas contra obras ejecutadas en el gobierno de Rafael Correa fueron entregadas ayer a la Fiscalía.

Esta vez fue Iván Granda, Secretario Nacional Anticorrupción, quien entregó los sustentos de los supuestos pagos irregulares por un monto de $ 9.1 millones.

Ese rubro corresponde, según el funcionario, al año 2012, “por una consultoría que nunca se realizó, a una empresa de fachada, lo dijo Alexandre Portela Barbosa, gerente de Contabilidad de OAS”.

Su contratación, según la delación, fue vía emergencia, por eso no hubo necesidad de establecer un proceso.

Esa es una marca registrada del correísmo. Y es que gracias a los decretos de emergencia hicieron el festín de la década con el erario nacional.

Por ahora, la investigación está en manos de las autoridades respectiva. Esperemos que sean eficientes al momento de recabar la información necesaria que permita detectar a los responsables en cada uno de los niveles posibles.

El objetivo debe ser, por sobre todas las cosas, hacer justicia. Con ello, evitar lugar a criterios antojadizos sobre supuestas retaliaciones o revanchismos políticos.

Debe primar, ante todo, el criterio técnico, con las pruebas necesarias para hacer irrefutable cualquier decisión, sea cual fuere, en el ámbito de la justicia.

Y para lograr aquello, es urgente un amplio trabajo integral que permita a los ecuatorianos tener la certidumbre entorno a lo actuado.

Pero además, debe enfatizarse en buscar dónde está todo ese dinero robado. Ayer el gobierno sufrió manifestaciones de un sector de salubristas por el despido intempestivo de algunos trabajadores. Si el régimen se esmeraría tan solo un poquito por recuperar el dinero de la corrupción, ninguna familia ecuatoriana se quedaría sin el sustento para su hogar.