OPINION

Dilación de pago


En días pasados se realizó en la sede de la Unión Nacional de Cañicultores una reunión especial de afiliados que analizó la persistente mora en el pago a los sembradores de caña de azúcar, ni siquiera se ha cumplido con los abonos paulatinos que los industriales se comprometieron a realizar, pronto llegará una nueva zafra y no se registra la cancelación total.

En días pasados se realizó en la sede de la Unión Nacional de Cañicultores una reunión especial de afiliados que analizó la persistente mora en el pago a los sembradores de caña de azúcar, ni siquiera se ha cumplido con los abonos paulatinos que los industriales se comprometieron a realizar, pronto llegará una nueva zafra y no se registra la cancelación total.

No faltaron discrepancias entre los asistentes no en cuanto a la consecución del objetivo central, sino en el nivel de vehemencia a imponer en el justo reclamo.

Unos insistían en hacerlo con mayor intensidad, propia de la lucha campesina, en tanto que otros abogaban por imponer más prudencia.

El comportamiento de la cadena azucarera ecuatoriana era ejemplar, existía un saludable entendimiento entre sus integrantes, tanto que industriales y agricultores adoptaron un nivel de precio de la caña equivalente al 75% del valor del producto final ex ingenio, sucesivamente oficializado por acuerdos del Ministerio de Agricultura desde el año 1988, en todos ellos se establecía un plazo de pago de hasta 30 días, luego de lo cual se reconocerán intereses a la tasa máxima oficial, lo cual ha sido sin misericordia irrespetado con grave daño personal a los cultivadores e irreversible impacto a la futura producción. Las otras ramas agrícolas aspiran a alcanzar la vigencia del mismo tratamiento, con el fin de acercar equitativamente lo que reciben los campesinos con lo que pagan los consumidores. Recordamos que un buen número de arroceros han denunciado que llevan cuatro meses de haber entregado sus cosechas a la institución estatal (UNA) que les compró sin recibir lo que corresponde por ellas.

Estas conductas son calificadas por la Unión Europea como prácticas comerciales desleales, razón para que sus organismos administrativos y legislativos propongan al Parlamento Europeo una directiva vinculante de condena y sanción que proteja al eslabón más débil de la cadena alimentaria, los productores, con énfasis en los pagos con retraso.