OPINION

La Corte Constitucional


Sin duda alguna, el mejor fruto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS), es la integración de la nueva Corte Constitucional, de cuyo advenimiento el país ha estado pendiente. Necesitan de su concurso los principales organismos del Estado para resolver problemas constitucionales indispensables, pero también los usuarios de la justicia que recurren a ella para salvaguardar sus derechos fundamentales.

Sin duda alguna, el mejor fruto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS), es la integración de la nueva Corte Constitucional, de cuyo advenimiento el país ha estado pendiente. Necesitan de su concurso los principales organismos del Estado para resolver problemas constitucionales indispensables, pero también los usuarios de la justicia que recurren a ella para salvaguardar sus derechos fundamentales.

Y es este el aspecto que más expectativa suscita por la endémica desconfianza en la justicia ordinaria que prevalece en importantes sectores sociales. De allí que la Corte Constitucional haya devenido, en muchos casos, en una virtual cuarta instancia y que, entre los problemas que tiene que resolver, se encuentre el despacho de miles de demandas provenientes de todo el país. A salir de este atolladero debe, pues, la nueva Corte concentrar su mayor preocupación.

Al margen de las contingencias que pueden trabar su desenvolvimiento, la Corte, por su propia naturaleza, es estructuralmente una entidad centralista que no puede desplegarse fuera de la capital de la república. Por consiguiente, no tiene otra alternativa que descentralizarse internamente, ya sea mediante la creación de unidades administrativas que coadyuven al trabajo de los jueces o con la simplificación de los procedimientos jurídicos que aligeren la solución de las causas.

La oralidad podría ser una de las opciones de la justicia constitucional cuando no se trate de asuntos de Estado que invariablemente requieren de solemnidades formales. Actualmente las salas de la Corte llevan a cabo audiencias para solo oír a las partes, cuando estas deberían incluir, como en el procedimiento penal abreviado, la sentencia respectiva, con la que culmina el trámite escrito. La renovación procesal le imprime al derecho mayor vitalidad.