OPINION

Editorial: Centros clandestinos


A 18 asciende el número de personas fallecidas en el incendio que ocurrió en un centro de rehabilitación clandestino de Guayaquil.

Las primeras investigaciones determinaron que los internos intentaron iniciar un motín y procedieron a quemar colchones para que los dejen salir.


A 18 asciende el número de personas fallecidas en el incendio que ocurrió en un centro de rehabilitación clandestino de Guayaquil.

Las primeras investigaciones determinaron que los internos intentaron iniciar un motín y procedieron a quemar colchones para que los dejen salir.

Sin embargo, los administradores del centro no abrieron las puertas, que estaban con candado y como resultado casi una veintena de jóvenes murieron asfixiados al interior del inmueble.

Dieciséis personas resultaron heridas con quemaduras con asfixia y fueron trasladadas a distintas casas de salud del puerto principal.

Cinco personas quedaron detenidas, entre ellos, el administrador de una clínica de rehabilitación por el presunto delito de secuestro. Las primeras indagaciones, establecen que el lugar no contaba con permisos de funcionamiento, ni con un plan de salida en caso de emergencias.

Hace años, en distintas ciudades del país, era común el funcionamiento de estos centros de rehabilitación clandestinos, donde presuntamente asistían y ‘curaban’ a personas con adicciones.

La realidad era otra, pues además de ser costosos, los internos sufrían toda clase de vejámenes, eran ultrajados, golpeados y en algunos casos violados. Los ‘tratamientos’ que brindaban en esos lugares no funcionaban, incluso los pacientes salían peor que cuando ingresaron.

Con este antecedente, las autoridades deben nuevamente direccionar su atención a estos lugares, que deben servir para rehabilitar a los jóvenes y adultos con problemas de adicción al alcohol y las drogas. Verificar que cumplan con todos los permisos y con un plan de atención que sirva para tratarlos y reinsertarlos a la sociedad.

En caso que no cumplan con estos requerimientos, deben ser clausurados y sus administradores deben ser investigados, pues en muchas ocasiones, utilizan estos sitios para lucrarse ilegalmente.