NACIONAL

Aprobaron informe para primer debate de ley anticorrupción del gobierno


La comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, con once votos a favor, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y protección al denunciante, presentado por el Gobierno Nacional hace 113 días.

La comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, con once votos a favor, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y protección al denunciante, presentado por el Gobierno Nacional hace 113 días.

El proyecto tiene diez artículos, dos disposiciones generales, una transitoria y una disposición final; cuyo contenido -según la Comisión- es un proyecto reformatorio a leyes como el Servicio Público, Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el documento discutido se prevé la posibilidad de que el Estado otorgue un beneficio o compensación económica a quienes suministren información precisa, verídica y comprobable que contribuya a la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal; es decir, aquellos bienes producto de actividades ilícitas.

Se permite al servidor legislativo denunciante el traslado administrativo y de forma provisional a un puesto de trabajo del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración.

También se introduce una reforma sobre la cooperación eficaz para la persona que suministre información sobre el destino o localización de los bienes, sería el poderse acoger a la suspensión condicional de la pena.

El proyecto propone establecer como obligación la denuncia por parte de toda persona ecuatoriana o extranjera, sin embargo, esta obligación podría ser peligrosa ya que esto hace que cualquier ciudadano responda por delito omisivo propio; además la obligación de denunciar los actos de corrupción ante autoridad competente por parte de los servidores públicos, es una obligación legal contenida en el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); por lo que el artículo 10 de la propuesta sería innecesario, señala el informe.

La propuesta tiene como objeto establecer medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción en la administración pública, susceptible a ser investigados y sancionados penalmente; pero en la comisión se advirtió que se estaría creando normas parapenales que sería un retroceso en materia de legislación penal, puesto que el COIP es el único cuerpo normativo encargada de regular las sanciones referentes a la misma.

En el informe se deja constancia que por dos ocasiones se invitó a la secretaría general jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesantes, para que expongan los argumentos que sustentaron la presentación del proyecto, pero que no fue posible contar con su presencia.