CIUDAD

Edificio de Judicatura en Pasaje, abandonado


PASAJE. En 2011, el Consejo de la Judicatura compró un edificio en las calles Bolívar y Machala. Sin embargo, el inmueble permanece vacío, pues no reúne las condiciones para albergar las salas de justicia. Contraloría estableció observaciones al avalúo efectuado por el Municipio en la administración anterior. Hoy, el ente arrienda otro local.

Por Linda Reyes y Gabriela Moreira

Pasaje.- En el edificio que está ubicado en las calles Bolívar y Machala, aún se visualizan las letras de la pintura que señalan “Coordinadora Cantonal 35 Pais”.

Este bien inmueble que pertenece al Consejo de la Judicatura de El Oro, luce deteriorado y no está en funcionamiento.

La construcción de seis pisos tiene todas las puertas cerradas. La parte de afuera es un espacio para la labor de los betuneros.

Pasaron siete años desde que la entidad judicial adquirió el establecimiento en el cantón.

Los pasajeños se acostumbraron a caminar por debajo de la infraestructura abandonada y a acudir a las instalaciones donde arrienda la Judicatura, en caso de algún problema judicial.

“Cuando nos enteramos que el consejo adquirió el edificio, nos alegramos porque eso haría que el comercio se active por esta zona, pero pasaron los días y hasta ahora no se sabe qué pasará con eso”, señaló el propietario de un bazar.

La entidad judicial a pesar de que cuenta con un edificio propio, debe arrendar un inmueble para atender a los usuarios.

Las oficinas donde funciona el Consejo de la Judicatura de Pasaje están ubicadas en las calles Colón entre Bolívar y Azuay.

INFORME

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial al Municipio de Pasaje desde el 11 de agosto del 2009 hasta el 31 de julio de 2015.

La auditoría fue sobre los anticipos de remuneraciones de los servidores y servidoras y al pago de viáticos, subsistencias y movilización.

El análisis también fue a la determinación del avalúo realizado a los bienes inmuebles adquiridos por el Consejo de la Judicatura en Pasaje.

El informe señala que en el 2010 el avalúo total del inmueble es de 333 mil dólares y en el 2011 la cantidad es de 391 mil dólares.

Galo Cajamarca, coordinador de Abogados por la Dignidad y Transparencia de Pasaje manifestó que el auditor explica en el documento que cuando consultó a la Dirección de Avalúo y Catastro y de Obras Públicas del municipio por qué realizaron un doble avalúo, le expresaron que en el primer informe hubo errores por parte del perito sobre los valores.

Cajamarca conoció por parte de un funcionario del cabildo que el director de dicho departamento se habría negado para realizar los avalúos.

Por ese motivo, la administración municipal del anterior periodo habría nombrado a un auditor externo para que realice y firme el informe técnico.

Denuncias

Los montos del avalúo para la venta del establecimiento llamaron la atención de Galo Cajamarca, por ese motivo denunció ante la Contraloría y el Consejo de la Judicatura.

Siente indignación porque los recursos del Estado han sido mal invertidos en un edificio que posee una infraestructura que no sirve, a su criterio.

“En el 2012 llegaron los funcionarios del Consejo y constataron el estado de la varillas de las columnas. Conocieron que el material es para un edificio de dos pisos, pero no para seis”.

Con respecto al incremento de los precios en el avalúo del predio y la infraestructura dijo que para la venta del inmueble el Municipio es la entidad que emite dicho informe.

“No se sabe a quien benefició esto, pero no es algo común que en el informe aparezcan montos que solo en meses cambia el valor”.

CONTRALORÍA

El coordinador el 02 de abril de este año envió un escrito a la Contraloría.

En primera instancia la entidad de vigilancia le contestó el 18 de junio. El documento señala “la situación del inmueble objeto de denuncia será analizada y considerada en lo que fuere pertinente en examen especial que la Delegación Provincial de El Oro se encuentra realizando en Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de El Oro”.

El análisis es “a los ingresos, gastos, bienes de adminstración; y a los procesos de contratación de bienes, servicios y consultorías, su ejecución, recepción, distribución y uso”, por el periodo entre el 01 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2018.

La contestación concluye que el trámite lo trasladaron a la delegación provincial del Consejo de la Judicatura.

“En junio, se logró que la denuncia ingrese en el cronograma de investigaciones de auditorías de este año, lo estaban dejando para el 2019 y no podemos esperar otro año para que se inicie el análisis”, precisó Cajamarca.

El 13 de septiembre recibió una notificación por parte de la Contraloría donde le informaron el nombre de la persona que está encargada de hacer el seguimiento y el examen especial a la casa judicial de Pasaje. “En noviembre ya estaría el informe”, precisó el coordinador.

JUDICATURA

Cajamarca también denunció ante el Consejo de la Judicatura, donde dio a conocer las molestias que sienten los abogados del cantón al ver como la estructura se daña con el tiempo.

Pasaron 10 días, les comunicaron que la denuncia sería derivada a Machala para que hagan un seguimiento y expliquen qué pasará con el bien inmueble.

“En conversación con un funcionario de la dirección provincial de la Judicatura de El Oro, me informaron que van a contratar los servicios de una consultoría para que se haga un estudio técnico del edificio”.

Con esta revisión tienen previsto determinar si la construcción puede ser remodelada o demolida.

“Según los estudios técnicos la infraestructura no la construyeron de acuerdo a los parámetros técnicos que exige la ley, lo más lógico es que sea demolida y construyan uno nuevo. Lo único que vale del inmueble es la tierra y el dinero fue mal invertido”.

Requerimiento de información

Este medio solicitó información al departamento de comunicación del Consejo de la Judicatura de Quito desde el jueves 4 de octubre y hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

El requerimiento fue sobre por qué no se utiliza el edificio que adquirió la entidad, cuántos funcionarios laboran en el edificio que arrienda la institución y cuál es el valor que paga la entidad por dicho servicio.