MADRID. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, durante la rueda de prensa que ofreció en Madrid.
QUITO.- El expresidente, Rafael Correa, protagonista del período más largo de un gobierno en la historia reciente de Ecuador, podría mantenerse alejado del país por varios años.
Eso ocurrirá si finalmente es llevado ante la justicia por los delitos de secuestro y asociación ilícita.
El jueves concluyeron cuatro jornadas de la audiencia preparatoria de juicio que se sigue contra él y otros tres procesados involucrados en el caso de plagio al político opositor Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012 y que la Policía colombiana consiguió impedir tras interceptar el vehículo en el que se lo llevaban.
La jueza nacional Daniella Camacho, encargada del proceso, tiene previsto analizar las pruebas y alegatos de las partes para dar a conocer su dictamen, después de que el martes la Fiscalía pidiera que todos fueran llamados a juicio.
Además de Correa, están imputados el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los exagentes de Inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, los dos últimos, testigos protegidos y colaboradores eficaces tras haber admitido su culpabilidad como autores materiales de los hechos.
ACUSACIÓN
Felipe Rodríguez, el abogado de Balda y que ejerce la acusación particular del caso, calcula que disquisiciones aparte en torno a la “prescripción del ejercicio de la acción” o cometimiento del delito, una vez que se formulen cargos contra los procesados se vuelve a contabilizar un plazo mínimo de 7 años, de acuerdo al código más favorable al acusado, para la prescripción del delito, por lo que concluirá en 2025.
Sea como fuere, y a no ser que el exmandatario decida someterse al escrutinio de la justicia de su propio país, en un proceso que ha calificado como “una persecución política” y “farsa”, lo más probable es que Correa se ve obligado a esperar antes de retornar a Ecuador.
De momento, afronta una orden de prisión preventiva por incomparecencia judicial dictada en julio por la jueza Camacho, y una solicitud a Interpol de detención internacional, que no se ha hecho efectiva.
El economista que gobernó el país andino entre 2007 y 2017 reside, desde que dejó el cargo, en Bruselas, de donde es oriunda su esposa, y podría estar gestionando una solicitud de asilo o la nacionalidad belga como salida a su situación legal.
Encalada sostiene que “es probable que la Interpol no cumpla con ese pedido” de arresto y que “esté tramitando la ciudadanía por lo que se vuelve imposible que lo extraditen”.
EXPERTOS
El letrado penalista recuerda que aunque los estados tienen la obligación de acoger las solicitudes de extradición, no se estila proceder a entregar a la justicia de otro país a sus propios nacionales.
El experto constitucionalista Jorge Benavides, profesor de la Universidad de las Américas (UDLA) en la capital ecuatoriana, reconoce que Correa lidia con “un escenario muy complicado”.
Y recuerda que en caso de que el exgobernante busque la condición de asilo en Bélgica, implicaría la obligatoriedad de abstenerse de emitir comentarios o juicios políticos respecto a Ecuador.
Comenta además que, de acuerdo a lo analizado en la audiencia preliminar en relación con el delito de asociación ilícita, se derivan “indicios importantes de que se usaron de forma irregular recursos públicos, lo que apunta a la figura de peculado”.
El propio Balda ha advertido de que tiene intenciones de presentar una nueva denuncia por este delito, que según la legislación, es imprescriptible y podría bloquear definitivamente el regreso de Correa. (EFE)
Proceso
En caso de que la jueza acoja la solicitud de la Fiscalía, en el banquillo de los acusados solo se sentarían los dos exagentes, al encontrarse tanto Correa como Romero fuera del país, en Bélgica y España, respectivamente, prófugos de la justicia.
“En el caso de los delitos que se le imputan, no se puede juzgar en ausencia y el juicio va a quedar suspendido hasta que lo detengan”, explicó a Efe Pablo Encalada, exfiscal y profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica y en la Andina de Quito.
Según el código penal anterior que regía en el momento en que se produjo el secuestro, para este tipo de delitos la prescripción es de 10 años, plazo que se iniciaría con la instrucción fiscal del proceso penal iniciado este año, lo que supone que concluiría el plazo en 2028, refiere el jurista.
Sin embargo, en la misma sala de la audiencia el Fiscal General, Raúl Pérez, defendió que conforme a la legislación vigente, el plazo establecido para investigar y sancionar a los responsables del secuestro es de diez años, pero a partir del momento en que se cometió la infracción.
Este último punto, situaría la prescripción del proceso en agosto de 2022, tiempo hasta el cual Correa podría ser arrestado si regresa al país.