OPINION

Impopular pero necesario


El arbitraje internacional recobra actualidad: se lo reintroduce en la Ley de Incentivos a la Producción.

Es impopular porque hiere susceptibilidades nacionalistas. Una disputa entre el Estado o un privado con un inversionista extranjero, se zanja en última instancia en tribunales internacionales.


El arbitraje internacional recobra actualidad: se lo reintroduce en la Ley de Incentivos a la Producción.

Es impopular porque hiere susceptibilidades nacionalistas. Una disputa entre el Estado o un privado con un inversionista extranjero, se zanja en última instancia en tribunales internacionales. El rechazo es particularmente fuerte entre quienes además de nacionalistas son marxistas, y están convencidos de que el capital no crea riqueza; que la inversión extranjera es una forma de colonialismo económico. Esta cosmovisión se impuso en la Constitución de Montecristi, que prohíbe la celebración de tratados en que el Estado acepte arbitraje internacional en controversias comerciales con inversionistas extranjeros. Pero los países que requieren capital extranjero para su desarrollo aceptan el arbitraje internacional porque les conviene. Tanto es así que Rafael Correa, quien como presidente fue voz dirimente en la redacción de la Constitución, recién aplicó la Constitución, denunciando el arbitraje internacional, al expirar su decenio en el poder, para que sea el gobierno sucesor el que tenga que afrontar las consecuencias negativas.

El arbitraje sigue vigente por algunos años más para la inversión extranjera existente, pero la nueva inversión perdió ese derecho. Por ejemplo, la nueva inversión alemana lo perdió desde mayo 17, 2017, siete días antes de la posesión de Moreno.

El meollo del asunto es que el Ecuador no tiene un sistema judicial independiente de presiones políticas o persuasiones pecuniarias. Son numerosos los casos en que el Gobierno tomó acciones contra empresas extranjeras, confiscando activos o imponiendo sanciones millonarias, para luego presionar a las cortes para que fallen a su favor. Hay también casos en que grupos activistas o empresas nacionales han demandado a empresas multinacionales en decenas de millones por pretextos nimios, y las cortes, hasta la Suprema, se han pronunciado a favor de las nacionales, casos en los que se sospecha que se aceitó el engranaje judicial.