Enrique Ayala Mora mencionó que ya se están viendo los cambios en las instituciones del Estado.
Manuel Enrique Alejandro Ayala Mora, es un historiador ecuatoriano, político, editorialista, catedrático e ideólogo del Partido Socialista - Frente Amplio. Fue fundador y ex-rector de la sede de Quito de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ayala Mora obtuvo su licenciatura en 1972 y el Doctorado en Educación en 1975 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
En 1982 recibió un Doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. Se desempeña como profesor de la Universidad Central del Ecuador. En 1997 y 1998 fue Asambleísta de la Asamblea Constituyente de Ecuador.
Fue Diputado en el Congreso Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano durante los períodos 1986-1988, 1990-1992 y 2002-2006. En las elecciones del 2017 se postuló a Asambleísta Provincial de Imbabura por el Movimiento Unidad Popular, luego de haber apoyado la formación del Acuerdo Nacional por el Cambio del cual se volvió su coordinador el 28 de septiembre de 2016, después de que Paco Moncayo se postuló como candidato a la presidencia por el Acuerdo Nacional por el Cambio, ANC.
Usted ha impulsado e incluso anteriormente presentó un proyecto para modificar la Constitución del país. ¿Porqué considera importante estos cambios?
Sigo creyendo que los cambios que se han dado desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno y la Consulta Popular son importantes, porque son avances que se han dado en el país. Pero más allá de ello, lo que se ha visto es que la Constitución está diseñada para la impunidad y la corrupción porque no tiene división de poderes, no tiene controles y eso no se puede cambiar de manera puntual, sino que hay un proceso más radical que es la Asamblea Constituyente. Correa dice lo mismo, pero creo que lo hace para que haya una división de pugnas, él no cree en eso, entonces hay que avanzar en el proceso que se trazó en la Consulta Popular, esperar que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cumpla con sus tareas y siga renovando el esquema institucional del país y luego prepararse para una Constituyente, ahora creo que hay que dejar el espacio necesario de un año de reformas al Transitorio para que se pueda garantizar mejores condiciones para el control electoral, función judicial, funcionamiento de la Corte Constitucional, etc.
¿Y no cree que estas modificaciones podrían generar nuevamente un ambiente de inestabilidad jurídica en el país?
Más inestabilidad jurídica que cuando se hacía la voluntad soberana del déspota no habrá. Creo que un operativo de esta naturaleza, tiene la característica de crear nerviosismo, expectativas, pero es inevitable. Es preferible ir a un proceso organizado a tener que estar intentando remendar la Constitución donde no se puede.
¿Cuáles serían los ejes en los cuales girarían estos cambios?
Suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar esta alcahuetería de la meritocracia, que lo único que hace es poner personas a dedo después de un largo proceso. Creo que hay que hacer concursos para ciertas funciones del Estado, para la magistratura por ejemplo, pero eso no quiere decir que para ir al Consejo Electoral se necesite cumplir una función o ser experto. Creo que los cargos que son de nominación, como contralor, que debe ser nombrado a través de un acuerdo político para que tenga confiabilidad de la mayoría del país, eso es fundamental. Hay que encontrar fórmulas para plantearse una reforma constitucional lo suficientemente radical para que no tengamos que hacer cambios a cada rato.
Usted también ha cuestionado al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo califica que los hayan cesado?
El CNE ha sido evaluado y ha quedado claro que su propia nominación es dudosa, pero sobre todo lo que ha quedado a la vista del público es que se han cometido irregularidades en el manejo de los recursos y procesos. La respuesta ante esto ha sido la actitud insolente, de desafío contra el presidente y consejeros del Consejo transitorio, por eso se debe designar un Consejo Nacional Electoral transitorio hasta que se pueda nominar a los definitivos.
El presidente del Consejo de la Judicatura transitorio ha recurrido a la Academia y a las organizaciones sociales para integrar las delegaciones provinciales del organismo judicial, ¿cómo analiza esta iniciativa?
La idea es que sugieran nombres, no que se les de una cuota, en segundo lugar el proyecto es bueno porque las universidades forman a los graduados, sin embargo no ha tenido tanto éxito como esperábamos, hay provincias donde no hay propuestas, otras propuestas por organizaciones sociales marginales y a título personal sin respaldo, en todo caso, va a haber una situación de diferenciación, hay provincias con varios aspirantes y otras donde no cumplirán con los requisitos.
Se ha cuestionado la intromisión de los gobiernos de turno en la justicia. ¿Qué cambios profundos se deben ejecutar para evitar que vuelva ocurrir esta situación?
Se está dando ese cambio, es evidente que el Presidente Lenín Moreno no interviene en la justicia, que respeta el funcionamiento del sistema judicial, hay que profundizar esta realidad y sobre todo quitarle al Consejo de la Judicatura dos de sus características: primero, que sepa que no es el representante de la función, porque el representante es la Corte Nacional; y en segundo lugar, hay que establecer un mecanismo que haga duradero esos cambios.
En ese sentido ¿Cuáles son los principales logros del Consejo de Participación Transitorio?
El hecho mismo que estableció que no está sujeto a la normativa del Consejo normal, que sus funciones rebasan eso por decisión de la Consulta Popular, esto ha permitido que los ecuatorianos se den cuenta que no se lo eligió para cumplir una tarea puntual sino para tratar asuntos de fondo.
Recientemente la Asamblea Nacional se allanó al veto presidencial que establece las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Cómo analiza estas propuestas?
Los cambios que se han hecho son muy superficiales y eso no cambia radicalmente el sistema de educación superior, lo hemos mejorado en algunos aspectos, pero la Ley dista mucho de ser ideal, hay que hacer un cambio más profundo, porque desde su estructura es autoritaria y antidemocrática.
¿Cuáles son esos cambios que considera que deben hacerse de forma más radical?
La naturaleza de la Senescyt, que no es la autoridad de la universidad ecuatoriana, la autoridad es el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, por otra parte, creo que hay que regularizar un proceso de ingreso más adecuado, en los cuales estén más implicados los colegios.
¿De qué forma debe cambiar la modalidad de ingreso a la universidad para que más jóvenes puedan estudiar?
Hay que cambiar la concepción del bachillerato, hay que tener una sola titulación y encontrar una diversidad de organización para no tener un solo modelo de bachillerato.
Y sobre el fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos Superiores que también está contemplado en las reformas a la LOES ¿Qué piensa?
Creo que son un dolor de cabeza que hay que enfrentarlos, no entiendo a los institutos tecnológicos que no están adjuntos a los colegios, son organismos que requieren recursos y que además no tienen muchos estudiantes. Hay reformas raras, porque en su desesperación por subir el nivel de educación superior, plantearon que puedan ofrecer títulos de tercer nivel y eso me parece una barbaridad.