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Inés Manzano: “El país no ha valorizado sus recursos naturales adecuadamente”


El Gobierno Nacional a través del catastro minero deberá analizar las concesiones mineras metálicas dentro de centros urbanos, con sus fechas de vigencia y caducidad, sí han entregado los documentos de regularización ambiental, y hacerlo en coordinación con el Ministerio del Ambiente.

La guayaquileña Inés Manzano es hija de Bernardo Manzano y Clemencia Díaz, hermana de Bernardo, Anita y María Gracia.

En 1997, se graduó de abogada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Obtuvo un doctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Alicante (España) en el 2004. Es catedrática de derecho ambiental, en la UCSG y la UEES de Guayaquil.

Sus logros académicos están vinculados a la fascinación que siente por la relación de los seres humanos con la naturaleza. Forma parte del estudio jurídico Manzano & Asociados y la Consultora ambiental Asesores Ambientales Latinoamericanos.

En el 2012 fue elegida por movimiento SUMA para acompañar a Mauricio Rodas en su camino hacia la presidencia.

En la función pública se desempeñó como consultora del Municipio de Guayaquil durante la Alcaldía de León Febres Cordero. También fue asesora de la ex ministra de Ambiente, Lourdes Luque, durante la Presidencia de Gustavo Noboa (2001-2002); y subsecretaria de Calidad Ambiental, en el mismo Gobierno (de octubre del 2002 a enero del 2003).

Actualmente es la presidenta del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible.

Con el triunfo del Sí en la consulta popular, ¿Qué debe hacer el gobierno para evitar más casos como el de Zaruma en el Ecuador?

El Gobierno Nacional a través del catastro minero deberá analizar las concesiones mineras metálicas dentro de centros urbanos, con sus fechas de vigencia y caducidad, sí han entregado los documentos de regularización ambiental, y hacerlo en coordinación con el Ministerio del Ambiente.

Así mismo, hacer un cronograma de las fechas de salidas de los concesionarios mineros que no obtendrán la renovación de su concesión por estar dentro de centros urbanos. Tendrá que hacerse el proyecto de Reglamento Minero Ambiental, tomando en cuenta que una de las falencias de la consulta en este tema, es que se prohíbe inclusive el cierre de las operaciones mineras existentes en centros urbanos.

Y lo más importante, después de haber tomado una decisión como el no ejercer actividad minera metálica en centros urbanos, será el control de la minería ilegal, la prevención de esa minería, y realmente lograr la asociatividad de los mineros para que no exista mas carencia de trabajo decente, oportunidades y desarrollo económico.

¿Se puede remediar el daño ambiental generado por la minería?

Depende de la contaminación y del daño. Si es a una zona de bosque donde se ha talado para ir avanzando con la actividad, ese daño es irreversible.

Si es a fuentes de agua, es muy probable que se pueda ayudar a recuperar en los sedimentos pero el agua contaminada que ya pasó en el cauce, y no se puede retener para descontaminar, también es irreversible; así como, el daño a la salud humana, puesto que la contaminación por metales pesados es mortal.

Con relación a ampliar la zona intangible del Yasuní, ¿Cuál es el impacto ambiental que usted espera con la aplicación de lo consultado?

El impacto ambiental será el mismo en los Centros de Producción, eso no cambia. Puesto que los centros de producción no van a disminuir sino que se mantienen iguales, y lo que disminuye es de 1000ha a 300ha la zona que autorizó la Asamblea, que tampoco serían utilizadas esas 1000ha.

¿Esa decisión puede perjudicar los ingresos del país en materia petrolera?

No perjudica, por lo expuesto, no se reducen los centros de producción petrolera del ITT.

¿Y la economía de los ecuatorianos?

La economía de los ecuatorianos debería estar dirigida hacia el desarrollo productivo sostenible, basado en recursos naturales renovables (camarón, banano, cacao, palmito, otros) y con valor agregado; así como ir hacia un país de servicios y no seguir basándose en el petróleo.

Entonces, ¿Qué debe hacer el gobierno para respetar lo establecido en la consulta popular, sin afectar económicamente al país?

El Gobierno debe dar las condiciones necesarias para el desarrollo productivo, esto significa menos trámites, menos aranceles, menos impuestos, con mayor control y apoyo a los informales, pequeños empresarios.

¿Cree usted que el Ecuador tiene una deuda ambiental con sus habitantes?

La tiene. Y es con el control forestal, somos el país de mayor deforestación en AL. Somos el país que no tiene valorizado sus recursos naturales adecuadamente, el de peor administración de los mismos por parte del Gobierno como es Galápagos.

¿Cómo generar un cambio?

Los cambios se generan con liderazgo y propósito. ¿Cuál es el de este Gobierno? A dónde nos quiere llevar como sociedad dentro de un mundo globalizado? Cuáles son la fortalezas que el Gobierno apoya al sector privado y al ciudadano? ¿Dónde está la hoja de ruta? Y sobretodo no dejar en la impunidad la corrupción. Un país que a través de sus instituciones públicas permite que los ciudadanos no cumplan con sus deberes (como manejar los recursos públicos con transparencia y eficiencia), es un país corrupto. Como bien decía Juan Montalvo en 1886: “....pueblo huye de la corrupción, la esclavitud y la barbarie, porque la barbarie, la esclavitud y la corrupción son la desgracia de los pueblos”.

¿Qué nos hace falta a los ecuatorianos para ser en nuestro diario vivir, amigables con el ambiente?

Conocer el impacto de nuestros hábitos, y cambiarlos de ser necesarios. En resumen, la voluntad de cambiar nuestros estilos de vida insostenibles e incompatibles para la generaciones venideras.

¿El Código Ambiental aprobado el año anterior es suficiente para generar una conciencia ambiental y castigar a quienes perjudican nuestro hábitat?

El Código Orgánico Ambiental es una compilación de normas que ya estaban vigentes en nuestra normativa, con lo que no cambiaría sustancialmente. Lo que si impacta el COA es a la administración municipal, a quien se le da mayores responsabilidades respecto de los animales y el arbolado urbano.

Por el otro lado, el COA deja de lado varios principios valiosos existentes en la Ley de Gestión Ambiental vigente como el de tener cuentas patrimoniales de la valoración de nuestros recursos naturales, o la figura jurídica de la licencia ambiental que desaparece por el permiso ambiental; así como la obligación que toda normativa ambiental debe contener estudios inclusive de capacidad institucional para poder ejecutar esa normativa.

¿Qué falta por implementar para garantizar una real preservación ambiental?

Control y Presupuesto en el caso del Gobierno Nacional. Así como entrar a la cuarta revolución industrial que son las nuevas tecnologías, que aplica esa necesidad tanto para el sector publico como el sector privado; agregando que la innovación y el emprendimiento son parte de esa solución tecnológica.