OPINION

La debacle de la CIdDH


Milton Álava Ormaza

Parece increíble, pero es cierto: la Comisión Interamericaa de Derechos Humanos (CIdDH), por tratar de propinarle un golpe bajo, aleve y demoledor al gobierno del presidente Lenin Moreno, en relación con tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que solicitaron su protección porque supuestamente la consulta popular última se proponía removerlos inconstitucionalmente, se tradujo finalmente en una debacle institucional de ese organismo, que hasta puede terminar en su extinción.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano superior del sistema, que resolvió esa petición a instancia de la CIdDH, no solo que la desechó por considerarla infundada, sino que puso en tela de juicio la idoneidad jurídica y moral de la Comisión por admitirla: porque no revestía la gravedad que alegaban los quejosos, porque la pregunta que estos impugnaban comportaba objetar su constitucionalidad – materia de otro recurso-, y porque la CIdDH elevó a la Corte su tratamiento cuando la consulta ya se había realizado e incluso se conocía que el electorado se había pronunciado ampliamente por la reorganización del CPCCS, que implicaba la cesación, no solo de los tres comparecientes, sino de todos sus miembros.

La Corte asumió rápidamente el caso, como raramente lo hace, consciente de que la CIdDH se había prestado para una maniobra flagrante contra el gobierno ecuatoriano y, al parecer, antes de que recibiera a la delegación que aquel había destacado para desenmascararla. Y su fallo tuvo una inusitada repercusión continental, porque evidenció que la CIdDH había incurrido en una actuación dolosa incompatible con su jerarquía, que confirmaba los reparos que le han formulado varios gobiernos latinoamericanos y la imperativa necesidad de reformarla o suprimirla. En el Ecuador, al menos, existe la certidumbre de que la CIdDH fue manipulada en esta ocasión por la disidencia del movimiento político que respalda al gobierno.

Pero no solo la CIdDH ha quedado cuarteada por esta censurable injerencia, sino la causa de los derechos humanos que, amparada en una “Carta” aprobada por la OEA, demanda de los gobiernos del continente el obligatorio acatamiento de las resoluciones de las instituciones del sistema para tutelarlos o protegerlos. Su intervención, sin embargo, ha sido siempre resistida, sobre todo cuando pasa por alto la jurisdicción de las autoridades nacionales y, por supuesto, cuando se sospecha que su acción es inducida por sectores políticos opuestos e incluso imperialistas.

En último término, el incidente entre el gobierno ecuatoriano y la CIdDH ha reactualizado y profundizado el conflicto entre el sistema de derechos humanos y los tradicionales principios del derecho internacional americano de no intervención y autodeterminación de los pueblos, es decir, de la potestad soberana de los Estados de decidir autónomamente sus propios asuntos. La posición del gobierno del presidente Moreno ha sido ambigua en este aspecto, pero su choque con la CIdHD podría ser la coyuntura para una redefinición imprescindible.

La ocasión es propicia, además, para que el gobierno nacional ecuatoriano establezca lineamientos precisos de política internacional a los cuales se atenga la cancillería y despeje, de esta manera, los cuestionamientos que se le han formulado en el contexto de las rectificaciones a que se ha sometido a la década correista.