OPINION

Fin de la primera etapa


Milton Álava Ormaza

La consulta popular de este domingo es importante, pero de ninguna manera crucial para el futuro del país. El Ecuador ha enfrentado varias veces sucesos como este y la situación política y jurídica se ha mantenido sustancialmente estable. Tiene significación relevante sobre todo para el actual gobierno porque es la prueba fehaciente de su voluntad de no subordinarse al afán de predominio de quienes se consideraban dueños del partido que postuló la elección del presidente Lenin Moreno.

En este sentido, la consulta es un triunfo del régimen, porque se ha realizado debido a su convicción de que era necesaria para la estabilidad y fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Negarle este mérito, a fuer de que otros partidos también la habían planteado durante la campaña electoral, es manifiestamente injusto, no solo porque Moreno asumió la decisión y el riesgo de llevarla adelante, sino porque procuró que tradujera el consenso de las principales fuerzas políticas y organizaciones sociales y populares para que, precisamente, no se la considerara como una imposición unilateral suya.

Este, sobre todo, es el caso de la abrogación de la reelección presidencial indefinida que, impúdicamente, Correa implantó en su beneficio al final de su década de poder. En el Ecuador no existe todavía una cultura ni, por cierto, una legislación que disuada a los candidatos a sucederse a ellos mismos de utilizar los bienes y recursos públicos que manejan para triunfar a toda costa, y el hecho de que se les permita la reelección continuada por una sola vez ya supone relegar un prejuicio fundado. Sin embargo, Correa y sus partidarios pretendieron desacreditar la tesis de limitar esta reelección como una dedicatoria en contra de ellos y no como una saludable medida de alternabilidad gubernamental que la Constitución debe garantizar permanentemente y que la mayoría de los sistemas presidenciales han adoptado. La apertura de Moreno para el logro de un consenso político amplio posibilitó que esta propuesta alcanzara un sólido respaldo nacional al margen de su inevitable connotación personal y coyuntural, como suele ocurrir con procesos de esta índole.

Moreno fue también acusado por el correismo de promover la reorganización del CPCCS para acumular mayor poder político, pero la realidad es que en este ámbito se quedó corto: lo ideal era la supresión de ese armatoste antidemocrático y que la Asamblea Nacional, como órgano representativo de la soberanía nacional, reasumiera sus funciones. Su integración a futuro mediante elección popular lleva implícita el riesgo de su politización y la creación del Consejo Transitorio hay que concebirla como una fórmula para que el gobierno pueda liberarse totalmente del cerco que le dejó tendido el correismo para asfixiarlo. Por consiguiente, el debate sobre tema no ha concluido.

Las demás cuestiones que incluye la consulta y que no tienen la misma proyección política, son las que le restan trascendencia, pero no su utilidad inmediata. Moreno no ha descartado que puedan haber otras sobre problemas heredados de la década correista, pero, por lo pronto, lo que el país demanda es que se dedique a gobernar eficazmente y a resolver los problemas prácticos pendientes. El tiempo apremia.