Allí se decidirá si Ecuador interpone un recurso de apelación sobre el fallo de la Corte Federal Distrital de Nueva York.

Esta Corte falló en contra del pedido de Ecuador de suspender el pedido hecho por Chevron (antes Texaco) de arbitraje ante la Corte de La Haya.

En septiembre del 2009, la petrolera estadounidense pidió un arbitraje en cuanto al juicio que afronta desde hace 16 años por daños ambientales ocasionado en la Amazonía ecuatoriana, durante sus operaciones entre 1964 y 1990.

La semana pasada, la Corte de Nueva York falló en primera instancia. Pero el Contralor aduce que “ese pronunciamiento no es con relación al fondo de la controversia”.

Además, García indicó que “esa decisión tampoco tiene incidencia alguna en el juicio que siguen comunidades indígenas ecuatorianas en contra de Chevron en la Corte de Justicia de Sucumbíos. No olvidemos que ese es un juicio entre partes privadas, en el que el Estado ecuatoriano no es parte ni tiene intervención alguna”.

Agregó que la petición hecha al Juez de Nueva York tenía relación con un pedido de suspensión del arbitraje entre Chevron y Ecuador, no con el juicio por daños ambientales en Lago Agrio (Sucumbíos). En esta Corte ecuatoriana se ventila un juicio planteado por más de 30 000 afectados.

Y en el 2008, el perito Richard Cabrera estableció una indemnización de USD 27 000 millones.

El documento presentado está dirigido al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y detalla el cumplimiento del proceso de selección a cargo del CNE.

La recepción la hizo el secretario del Legislativo, Francisco Vergara, quien informó que la lista será puesta a conocimiento de Cordero para que proceda a la respectiva posesión de los 14 integrantes.

La posesión aún no tiene fecha definida y deberá realizase en el Pleno de sesiones. Los siete vocales titulares son: Juana Miranda, David Rosero, Patricia Ordeña, Luis Pachala, Mónica Banegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera.

Los vocales suplentes son Hugo Arias, Lorena Herrera, Franklin Canelos, Lucy Estupiñan, Carlos Vera Quintana, Linda Vidal y Franklin Moreno Quezada.

Solo Christian Cruz fue descalificado del concurso ya que la impugnación presentada en su contra fue aceptada.

Andrés Páez, asambleísta.

Quito.- El asambleísta Andrés Páez cuestionó, que el oficialismo pretenda la aprobación en plancha del Código de Ordenamiento Territorial (COTAD), que consta de 632 artículos, 6 disposiciones generales, 33 disposiciones transitorias, dos disposiciones reformatorias y derogatorias y seis considerandos.

Páez reivindicó el derecho del legislador a no estar de acuerdo con algunos artículos de la ley que se trata, por lo que reclamó que el debate y la aprobación de esta norma se realice por lo menos por capítulos.

No obstante, la mayoría oficialista, como de costumbre, pretende imponer su voluntad sin tomar en cuenta a las minorías, denunció el asambleísta.

Páez cuestionó duramente la violación a la propiedad privada que significa la disposición legal que permitiría expropiar inmuebles sin edificar, pagando al propietario apenas el 30% de su valor al contado y el resto a 20 años plazo, y que esta expropiación no responda al interés público, sino al pedido de cualquier persona que cuente con recursos suficientes, lo cual beneficiaría a los que tienen dinero para invertir en programas de vivienda, beneficiarse de inmediato de ellos y pagar una parte al propietario, dejando el saldo para pagarlo hasta en veinte años.

“Estas prácticas antidemocráticas en el procedimiento parlamentario se suman a las violaciones a las garantías constitucionales que contiene el COTAD”, denunció Páez.

El reclamo que tramita la justicia de Ecuador es ocho veces superior a lo que ExxonMobil gastó ($3 400 millones) para descontaminar y compensar a unas 32 mil personas por el derrame de 50.000 toneladas de crudo cuando el buque Exxon Valdez chocó contra un arrecife en Alaska en 1989.

Según este acuerdo, Egipto y Ecuador prohíben y criminalizan el tráfico ilegal de material antiguo, cultural, artístico e histórico que robado en cualquiera de los dos países.

El acuerdo obliga a ambos Estados a tomar las medidas necesarias mediante los canales diplomáticos en el caso de la devolución de las antigüedades a su país de origen.

Asimismo, tanto Egipto como Ecuador deben informar sobre los robos de piezas que forman parte del patrimonio cultural y histórico, en caso de que se conozca algún intento de venderlas, según este acuerdo.

El acuerdo se firmó dentro de “los esfuerzos del Consejo Supremo de Antigüedades para recuperar las antig edades egipcias que hayan salido ilegalmente de Egipto y se encuentren en otros países”, concluye.