(DMZ).- La posibilidad de que los miembros de la Sala de lo Penal que juzga a Carolina Cabrera Gallardo fijen el pago de indemnizaciones a favor de los depositantes estaría descartada de la sentencia que se daría a conocer este 31 de diciembre, dentro del juicio que por estafa se sigue en contra de ella y su hermano José Cabrera Román (prófugo).

Aunque los miembros del mencionado tribunal evitaron dar declaraciones, trascendió que aún cuando el fallo sea condenatorio, no existiría la posibilidad de que se fijen compensaciones en esa misma instancia.

“Eso deberá ser materia de otro proceso”, comentó un especialista que prefirió mantener la reserva.

Extraoficialmente se mencionó que él monto de las compensaciones bordearía los 200 millones de dólares, según la representación legal de los casi 3 mil depositantes que acusan a Cabrera Gallardo de haberlos estafados al continuar con el mecanismo de captaciones ilegales.

Sentencia

La sentencia será publicada el próximo 31 de diciembre, a las 11h00, según informó el presidente del tribunal, Ramón Ruilova.

El pronunciamiento se dará luego de que se cumplieran tres días de la audiencia de juzgamiento en los cuales se receptó las declaraciones de una veintena de testigos, en su mayoría depositantes de la red ilegal de captación de valores organizada por el exnotario José Cabrera Román, padre de los acusados.

El proceso de juzgamiento se aplica exclusivamente a Carolina Cabrera G., ya que su hermano actualmente se haya prófugo y es buscado por la Interpol.

En caso de ser hallada culpable, Cabrera Gallardo podría recibir una sentencia de hasta cinco años de prisión, de acuerdo a la pena máxima solicitada por la Fiscalía Provincial y la acusación particular que participa del proceso.

En el pronunciamiento de los magistrados se prevé que se determine el sitio en donde deberá cumplir la pena la imputada.

Los acusadores particulares solicitaron que la imputada sea recluida en la Cárcel de Machala, por ser “esta la jurisdicción que corresponde”.

Desde su arribo al país –deportada de Venezuela- el pasado 2 de septiembre.

De inmediato pasó a ocupar una celda en la Cárcel de Mujeres de Quito, al ser ingresada al Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

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