(DMZ).– Un paquete conteniendo 700 dólares con un detalle que decía para el intendente fue encontrado el sábado pasado durante el operativo de cierre del casino Magic, en Machala.

La novedad fue incluida en el parte policial elaborado para formalizar el control con el cual se aplicó la revocatoria del permiso de funcionamiento dispuesta por los Ministerio de Turismo, Gobierno y Coordinador de Seguridad Interna.

Personal policial y militar ingresó a las salas del casino para confiscar más de 280 máquinas de juegos.

El documento se señala que un empleado de la casa de juegos declaró que el dinero estaba destinado al ahora exintendente General de Policía de El Oro, Eduardo Romero, sin precisar los motivos del pago.

Eso se lo daban al señor intendente, se precisa en el parte, aclarando que esta afirmación se la hizo en presencia del fiscal que encabezó el operativo, Bolívar Figueroa.

El paquete fue hallado en una de las cajas fuertes que tiene el referido casino. Junto al dinero se halló otros 8.882 dólares, producto de las utilidades obtenidas ese día por la casa de juegos referida.

La incursión fue implementada por personal de la Policía y Ejército en las instalaciones de Magic, y de los casinos Money Money de Machala y Huaquillas.

Money Money

La Fiscalía informó que en base a esta información se iniciará una investigación para determinar si el dinero correspondería a pagos indebidos hechos al exfuncionario por parte de los administradores del casino Magic.

En esta investigación se incluirá la versión del personal que revisó las oficinas de la administración del casino Money Money de Machala.

De acuerdo al informe policial, en la revisión al lugar fue encontrada una pizarra en la cual se detallaba una lista de seis nombres identificados con la frase Cuadrar en Caja (2418 se presume dólares-).

Entre los nombres constan Cabo Obando, Cabo Hernández, Cabo Terranova.

Todos acompañados de una numeración que se presume corresponden a números de teléfono celular.

En forma reservada se indicó que personal del casino habría borrado los tres primeros nombres que constaban en la lista, los mismos que corresponderían a autoridades locales.

Wilson Merino, fiscal encargado del operativo, evitó pronunciarse al respecto aduciendo la característica de reservado que tiene dicha información.

Seguridad

Por su parte, Christian Valarezo, funcionario del casino Money Money aclaró que los nombres corresponden a los policías que prestan seguridad adicional al lugar como parte de un acuerdo logrado con oficiales superiores de la institución.

Negó que ellos recibieran algún pago por dicha labor.

Son nombres y cantidades que uno pone en una pizarra sin mayor relación entre ellos, enfatizó.

También negó que empleados del local hayan borrado los otros tres nombres que originalmente fueron observados por las autoridades.

Cierre

Merino señaló que el operativo se fundamentó en la revocatoria del permiso de funcionamiento dispuestos por los ministros que firman el acta.

Agregó que tanto el Intendente Eduardo Romero, cuanto el Comisario de Policía, Vicente Ormaza, desde varios días conocía detalles de la existencia del operativo, por lo tanto no podrían alegar su desconocimiento para justificar su decisión de no participar en el mismo.

Incluso señala que la orden para el operativo fue dada directamente por la Subsecretaría de Gobierno que coordinó las acciones a nivel nacional.

El fiscal precisó que la acción contra los casinos no es clausura, sino cierre de atención por el cometimiento flagrante de “juegos prohibidos”, de acuerdo a la revocatoria de permisos dispuesta en mayo pasado por los ministerios.

Merino expresó que los casinos sancionados permanecerán cerrados hasta el término de las investigaciones, por ser considerados escenas del delito.

La Fiscalía tiene un plazo legal de dos años para cumplir con la fase de investigación del proceso.

Amparo

El fiscal agregó que hasta la tarde de ayer los administradores del casino Money Money de Machala no presentaban el amparo constitucional resuelto por un Juez de lo Civil de Tosagua con el cual hasta ahora los administradores del casino habían apelado las órdenes de clausura ordenadas por otras autoridades.

Tampoco se habían presentado a Fiscalía las facturas de compra de las 287 máquinas que fueron confiscadas como evidencias del delito.

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