Buenos Aires (AFP).- El proyecto gubernamental para estatizar las jubilaciones privadas provocaba el jueves una fuerte tensión entre agentes financieros argentinos, que rechazaron de plano el eventual traspaso de unos 30.000 millones de dólares desde los fondos de pensión al Estado.

El gobierno, por su parte, insistió en defender su decisión, prometió que dará todas las garantías a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y reiteró que el Estado está sosteniendo financieramente al sistema privado.

“El Estado aporta 4.000 millones de pesos (1.200 millones de dólares) para que el 77% de los 450.000 jubilados del sistema privado pueda cobrar el haber mínimo que es de 690 pesos”, dijo la mandataria en un acto este jueves.

Los argumentos oficiales no convencen a los operadores del mercado, que advirtieron que “se está perdiendo una de las piezas claves de la operatoria institucional del sistema financiero”.

“Con la estatización desaparecerá el principal financiador de largo plazo de la inversión y la producción”,

agregó Pablo de Estrada, director del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Estrada advirtió que faltará crédito para empresas y consumidores si pasan a la caja jubilatoria estatal los 30.000 millones de dólares que manejan las diez administradoras de fondos de pensión, cuyas inversiones sufrieron fuerte pérdida de rentabilidad en los últimos meses por la crisis financiera global.