Prendatarios de Monte de Piedad plantearán “inaplicabilidad” de reglamento

(DMZ).- Un escaso número de perjudicados por el robo al Monte de Piedad (MP) de Machala acudió al nuevo llamado hecho por el grupo de prendatarios representados por Alejandro Álvarez.
Los perjudicados fueron citados a las instalaciones del estadio Nueve de Mayo, sin embargo, solo un grupo de menos de 100 acudieron al llamado.
Los asistentes acordaron elaborar un nuevo documento que será presentado ante el Concejo Directivo del IESS en el pedirán la revisión del monto en que fueron avaluadas sus joyas al ser depositadas en garantía por el préstamos.

Fabricio González, asesor legal de perjudicados
Reglamento Fabricio González, asesor jurídico del grupo de perjudicados por el robo, señaló que el cálculo se basa en un contrato de prenda “antijurídico” y “antitécnico que no obedece a las condiciones actuales”, lo que permitió que los avalúos de las prendas “en que se basará la devolución de los valores perdidos- no correspondan al precio real de las joyas sustraídas.
El Reglamento General del IESS –en que se basa el referido contrato- fue puesto en vigencia en el año 1955, con una sola reforma hecha en 1995 en el tema de cálculos y avalúos.
Entre estos se incluía un pago adicional del 90 % a dicha estimación, en caso de devolución por robo o pérdida bajo responsabilidad del IESS.
González precisa también que el valor de 7 dólares por cada gramo de oro tasado por técnicos del MP no consta en el reglamento, por lo tanto no debió aplicarse al cálculo del valor de las joyas.
El planteamiento de los perjudicados será presentado la próxima semana al director del Concejo Directivo, Ramiro González, a quien se pedirá que el cálculo del valor de las joyas perdidas por los prendatarios se haga a partir de un valor promedio de 30 dólares por gramo de oro, para “beneficiar a las personas que depositaron sus prendas confiados en la seguridad que ofrecía el IESS”, enfatizó.
El dirigente aclaró que la gestión ante el principal del IESS es independiente a las acciones legales interpuestas por los perjudicados en la Fiscalía, tendientes a encontrar los responsables materiales e intelectuales del robo.




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