En el país de los contrastes, sobre las cenizas de oficinas estatales en Santa Cruz y el luto por la masacre en Pando, el gobierno izquierdista de Bolivia y ocho prefectos departamentales conservadores abrieron el diálogo este jueves bajo la mirada atenta de mediadores locales y extranjeros.

Las posiciones que hasta el martes parecían irreconciliables, cedieron y las esperadas negociaciones se instalaron en la central ciudad de Cochabamba, con la asistencia del presidente Evo Morales, y la notoria ausencia del derechista Leopoldo Fernández, prefecto (gobernador) del norteño departamento de Pando.

Es que Fernández está detenido y enfrenta un tribunal cargando sobre sus espaldas la imputación de la fiscalía del asesinato de tres estudiantes en el marco de los hechos de violencia contra campesinos, indígenas partidarios de Morales, registrados a fines de la semana pasada en una zona rural de su distrito.

En la primera reunión participaron, además del gobierno nacional, los prefectos de ocho de los nueve departamentos en que se divide el país, entre los que se contaban los opositores gobernantes Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni, Mario Cossío, de Tarija, y Savina Cuéllar, de Chuquisaca.

Mientras el gobierno del oriental departamento cruceño y las organizaciones derechistas de su capital, Santa Cruz de la Sierra, abrieron las puertas de las oficinas públicas destruidas y saqueadas para devolverlas al control del Estado nacional, una columna de campesinos del empobrecido occidente boliviano avanzaba sobre esta ciudad en actitud amenazante.

En tiempo de tregua a la que se adhirieron los prefectos de oposición, con la suspensión de los bloqueos de carreteras que llevaban adelante, organizaciones sociales marchan sobre Santa Cruz de la Sierra, armados de palos, machetes y algunos fusiles viejos, según las imágenes de medios impresos, quebrando este periodo de pacificación.

Los sindicatos campesinos afines a Morales vigilan el avance del diálogo, reclaman la restitución de oficinas estatales y ahora incluyeron en sus demandas la aplicación por parte de la justicia de una pena de 30 años de cárcel para Fernández, a quien el gobierno acusa de genocidio por la muerte de 15 personas ya identificadas, a las que posiblemente se sumen varias más aún desaparecidas.