El reciente mensaje del papa Benedicto XVI a los obispos nicaragüenses, mediante el cual manifestó su honda inquietud por “una situación en que a la pobreza y la emigración se suman acusadas desigualdades sociales y una radicalización política”, llega en un momento particularmente crítico para el vecino país.

Por esto, debe ser tomado muy en serio por todos los sectores políticos y sociales de Nicaragua, pero, especialmente, por el presidente Daniel Ortega y el grupo que lo acompaña en su errático, autoritario y confrontativo gobierno.

En los últimos días, la arbitrariedad y la intransigencia de Ortega se han agudizado, peligrosamente, por una compleja mezcla de factores, entre los que destacan su incontrolada vocación autoritaria, el deterioro creciente en el nivel de vida de la población, el desplome de su popularidad, las próximas elecciones municipales y la campaña de organizaciones feministas (nicaragüenses e internacionales) en su contra.

En junio, el Tribunal Supremo Electoral canceló la personería jurídica a los partidos Conservador –con 150 años de historia– y el Movimiento de Renovación Sandinista, que agrupa a los sectores democráticos disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

De este modo, quedaron excluidos de los comicios locales, por celebrarse el 9 de noviembre. Luego, Ortega arremetió contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, por haber expresado su preocupación ante la veda de ambos partidos, y rechazó la posible presencia de observadores internacionales en los comicios.

Ahora, la arremetida tiene como blancos organizaciones de la sociedad civil y personalidades que, antes cercanas al sandinismo oficial, han formulado severas críticas contra el curso de los acontecimientos y el autoritarismo oficial.

La más conspicua es el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, ministro de Cultura durante el primer gobierno de Ortega, quien hace años se separó de sus tendencias.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el método ha sido la manipulación de la justicia: resucitar un juicio por injurias en el que Cardenal había sido absuelto hace tres años y, vía la resolución de un juez penal capitalino, conminarlo a pagar una multa de poco más de $1.000, con la amenaza de que, si no lo hace, será encarcelado.

De esta manera, los recursos legales para frenar tal arbitrariedad, vía amparo, fueron rechazados por la Sala Penal II del Tribunal de Apelaciones de Managua, con lo cual el riesgo de encarcelamiento para el ex ministro de 83 años es inminente.