Milton Alava Ormaza

Se ha dicho que nuestro pueblo carece de memoria histórica; en realidad, este aserto puede ser atribuido a todos los pueblos del Tercer Mundo.

El caso es que el tráfago periodístico y político torna casi imposible que los medios de comunicación y los partidos y movimientos dediquen un poco de tiempo a la investigación histórica o a reflexionar en torno a los sucesos que se producen en cascada.

A propósito de la Asamblea Constituyente de Montecristi y de su prolongación legislativa, que ha sido calificada con toda clase de epítetos de fácil digestión, ya todo el mundo se olvidó que la Asamblea Constituyente de 1967 devino, tan pronto expidió la Constitución que le correspondía, en Congreso Nacional sometido a este nuevo instrumento y con los mismos dignatarios: el doctor Gonzalo Cordero como Presidente y don Assad Bucaram como Vicepresidente.

Y entonces nadie se anduvo con disquisiciones especiosas acerca de si la Asamblea no se había excedido en sus atribuciones.

De “Congresillo” se ha tachado a la Comisión Legislativa que constituiría la Asamblea de Montecristi si es que el próximo referéndum sanciona la nueva Constitución.

Pero a nuestro derecho constitucional no le es extraña esta delegación.

Eso ocurrió con el Plenario de las Comisiones Legislativas de la Constitución del 78 – que luego se transformó en la del 98, todavía vigente – aunque, denostada porque había creado diputados “de segunda” (los que quedaban fuera de las Comisiones), este sistema fue luego suprimido.

Posteriormente, por cierto, hubo consenso para restablecerlo porque se reconoció que legislaba más eficazmente.

La Constitución del 45 – es decir, la Constituyente de ese año – implantó también una Comisión Legislativa y lo propio hizo la Constitución del 67, ambas para que legislaran en receso del Congreso Nacional.

Sobre todo en el caso de esta última, el Presidente de la República pudo tramitar o sancionar una serie de leyes útiles para el país.

De modo que la Asamblea Constituyente de Montecristi bien podría transformarse en Asamblea Nacional de ganar el “Sí” y legislar y fiscalizar por todo el tiempo que reste hasta la renovación total de los órganos de poder del Estado, con tal de que sujete sus actuaciones al nuevo ordenamiento constitucional.

La estabilidad política y el ahorro de tiempo y recursos lo tornan aconsejable.