Hace unos días el gobierno anunció que tiene lista una disposición oficial que prohibiría el portar armas a toda persona que no pertenezca a alguna de las instituciones de la fuerza pública.

Pese a la falta de precisiones en el anuncio hecho por el Ministerio de Gobierno, la intención gubernamental no deja de preocupar a la comunidad que por una u otra razón se han visto forzados a portar un arma de fuego para protegerse de la delincuencia que aumenta día a día en las ciudades y campos del país.

Y es que el solo imaginar que retirando las armas autorizadas de las calles se lograría controlar los asaltos y robos termina acercándose más a una broma de mal gusto, antes que a una estrategia de seguridad planificada con la lógica esperada.

Las autoridades deben entender que el ciudadano común, quien por su profesión de recaudador o encargado del manejo diario de valores sería el único que cumpliría con la orden oficial de devolver sus armas.

Los otros, los delincuentes, tan si siquiera se inmutarían por el pedido.

No habría porque esperar lo contrario.

El resultado final sería entonces dejar en indefensión a la propia comunidad a la cual se dice proteger.

Sería también restarle a la propia Policía Nacional de un apoyo que -bien o mal- existe de parte de ciudadanos que deciden por sus propios medios tomar los cuidados que por falta de personal y recursos no pueder prestar la fuerza pública.

Será de esperar que el referido anuncio no pase de ser una de las tantas ideas ¨pensadas en voz alta ¨ por un gobierno tan proclive a difundir propuestas que luego son desmentida con las más solemnes de las excusas.