La ciudadanía ha visto con buenos ojos la indeclinable decisión de las autoridades económicas, de manera particular la acción de la Agencia de Garantía de Depósitos –AGD- de incautar bienes a entidades que mantienen cuentas pendientes con el Estado, caso Filanbanco, así como otras entidades financieras que, de una u otra manera, deberán cumplir con sus compromisos adquiridos.

De hecho, la AGD realizó una nueva incautación.

En esta ocasión se trató de una hacienda ubicada en Aloag (Sur de Quito), que supuestamente estaría relacionada al Banco de Préstamos.

Curiosamente dicha propiedad había sido ya incautada el 17 de junio del 2003 por la propia Agencia.

Pero, no ha sido la única acción de la Agencia, también se decidió la incautación de acciones, que supuestamente pertenecen a los hermanos Isaías Dassum en 58 empresas.

En estas empresas, en las que los Isaías tenían más del 50% de acciones, se pondrá un administrador temporal. Mientras que en las otras, en las que la participación accionarial fuese minoritaria, se deberá esperar que los perjudicados por la acción presenten la justificación de pertenencia de las acciones para decidir sobre un posible venta de las mismas.

Conforme se lo ha venido estilando, los afectados por la medida de la AGD tienen 60 días para demostrar la pertenencia de las propiedades incautadas.

Como era de esperarse, los afectados no se han quedado de brazos cruzados y han interpuesto una serie de recursos para librar sus bienes, tal es así que, en días pasados ya el juzgado 31 de lo Civil del Guayas negó un recurso de amparo constitucional presentado por los directos de TC Televisión.