Una vez conocido el proyecto constitucional elaborado por la Asamblea Constituyente se pone en marcha el mecanismo de promoción y difusión del contenido de la propuesta para que sea la ciudadanía la que decida –soberanamente- sobre la vigencia o no de la nueva Constitución.

Este citado mecanismo está normado por reglas y disposiciones que pretenden regular el uso de los espacios y medios públicos, evitando su manipulación desmedida e ilegal de parte, sobre todo, de quienes ostentan algún nivel de poder público y económico.

Sin embargo, esta previsión podría no ser tan real ante los antecedentes y comportamiento de una nueva clase política en el poder que interpreta a su conveniencia las reglas de juego todavía vigentes.

Del otro lado de la orilla se aposta la vieja guardia de la mentalidad política ecuatoriana respaldada como siempre de un inacabable poder económico que impone su influencia a través de campañas mediáticas saturantes, sin reparar en los límites impuestos por la legalidad .

Esperar que ambas posiciones encajen en el respeto al marco legal actual podría caer en el radio de la ingenuidad.

En todo caso, queda en la propia ciudadanía establecer sus propias herramientas, exigiendo, buscando toda información posible acerca del contenido del proyecto de Constitución propuesta por el gobierno, para así evitar que la decisión ciudadana vuelva a caer en las redes del maniqueísmo electoral que con el tiempo se ha convertido en el principal –y a veces único- recurso de los políticos que se aferraron al poder.