El fin de semana anterior, el gobernador del Guayas, Leonardo Vicuña, en representación del Gobierno Nacional, salió al frente ante los rumores originados sobre una posible confiscación del canal TC Televisión, luego de haber sido nombrado Carlos Bravo como nuevo gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, manifestando que dichos comentarios eran falsos.

Este medio de comunicación, en su editorial del lunes pasado, alertó sobre una probable acción pese a los desmentidos oficiales, tal como ocurrió al siguiente día, al ver como las instalaciones de este canal así como de Gamavisión, que forman parte del grupo de 195 empresas del grupo Isaías, pasan ahora a poder del Estado ecuatoriano.

Si bien es cierto, mediante esta resolución se busca cobrar las deudas de los hermanos Isaías, ex propietarios de Filanbanco, durante la crisis bancaria y financiera de hace una década, no se entiende la postura del Gobierno en primero desvirtuar una información y después de 48 horas hacerla efectiva, con la incautación de los bienes.

Pudo haber sido estrategia.

Nadie niega que se trate un hecho de justicia, el querer mediante la subasta o remate de los bienes incautados, devolver los dineros de miles de perjudicados por el cierre del ex Filanbanco, pero hay que ver quien garantiza verdaderamente la estabilidad laboral de cientos de empleados y trabajadores que pertenecen a las diferentes empresas.

Es importante entonces que de parte de las autoridades se aclare la situación del personal y en el menor tiempo posible se proceda a la venta de los bienes, especialmente de los medios de comunicación, pues no estaría bien que el Gobierno busque apoderarse de dos canales, a las puertas de un referéndum aprobatorio de la nueva Constitución.