Al parecer resulta inclaudicable la posición de la Asamblea Nacional Constituyente de aplicar reformas al sistema de administración de justicia en el país; situación que, como es lógico, para nada ha sido del agrado de la función jurisdiccional que se ha sentido afectada –aunque las reformas aún no entran en vigencia-, pero sólo el sistema de denominación de magistrados ya ha sido motivo de reparos. Hoy ésta función del Estado ha decidido dejar en manos del soberano cuando deba acudir a las urnas a ratificar lo elaborado por los asambleístas en la nueva Carta Magna.

Y es que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se admitió que ya es tarde para conseguir que los asambleístas cambien de criterio respecto de las reformas que se preparan para la Función Judicial, por ello se apelará a la conciencia ciudadana para que en el referéndum aprobatorio se vote pensando y objetando la nueva politización de la justicia, luego de que los magistrados de la CSJ y los ministros de Cortes Superiores y Tribunales Distritales de todo el país, mantuvieron con coloquio para analizar el futuro que le espera a la Función Judicial con todas las reformas que se “cocinan” en la Asamblea.

Más allá de la propuesta de los judiciales de “apelar a la conciencia ciudadana“, queda el sentimiento de deuda que aqueja a la función jurisdiccional para con la ciudadanía, pues ha sido común y si se quiere normal hablar en términos de politización, lentitud y hasta mal manejo de los proceso judiciales; de ahí que la propuesta de cambios ha sido acogida con interés en los diferentes sectores sociales de la población, quien tiene en sus manos, como siempre, el poder ciudadano para legitimar una propuesta que, para muchos, hace rato debió implementarse.