José Romero Tandazo

El desafío para el Prefecto y los demás miembros del Directorio es enorme y deseamos fervientemente que tengan éxito, porque el puerto es un recurso valioso que bien explotado serviría para el desarrollo provincial.

El decreto presidencial también admite una lectura política, en primer lugar se trata de un hecho coyuntural en una situación del mismo tipo, no es una política de estado, con miras al largo plazo sino que pasada la marea de la revolución ciudadana, volveríamos a la historia de siempre, esto es, un puerto bananero marginal funcional a los intereses de Guayaquil y Manta principalmente, a quienes preocuparía la expansión de las actividades de nuestro puerto.

Por primera vez en la historia de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el Prefecto Provincial de El Oro será el Presidente de su directorio y no un miembro del partido político del Gobierno en el poder que representaba al titular de la función ejecutiva.

La pregunta que cabe aquí es que si el Presidente Rafael Correa hubiese dictado el mismo decreto ¿si el Prefecto hubiera sido Carlos Falquez y no Mongotmery Sánchez?.

Empero, cualquiera que sea la respuesta a esa interrogante, lo cierto es que los líderes más importantes a nivel local y provincial tienen cabida en el directorio y estarían obligados a deponer cualquier tipo de diferencias políticas en aras de armonizar el rumbo del puerto.

Pero constituyéndose el trabajo compartido en lo deseable y óptimo en cualquier institución, en la práctica ambas autoridades habiendo tenido notables ejecutorias en sus ámbitos de acción no han podido o no han querido sumar esfuerzos para presentar un sólido frente político que anteponga el bien superior de la provincia a los legítimos intereses partidistas

En las circunstancias que se analizan, todos sabemos que el Presidente y el Prefecto caminan por el mismo sendero, mientras que el Alcalde apenas si logra ser escuchado en las alturas palaciegas, por ello se habla de un entendimiento de los dos primeros que se plasmaría en las elecciones generales del próximo año, cuando tengamos las nuevas reglas constitucionales, lo que ha generado incluso el malestar del buró local de Alianza País, que a través de Alberto Franco, último Presidente de directorio del puerto antes de la actual reorganización; ha puesto reparos al decreto ejecutivo.

En fin, sólo el tiempo dirá si el Presidente de la República y los principales líderes políticos de la provincia estuvieron a la altura de las circunstancias y fueron capaces de obrar con eficacia y rectitud para darle una real oportunidad de desarrollo a nuestra provincia.