En medio de las buenas intenciones de los integrantes de la OEA, así como de las expresiones de mantener los vínculos comerciales presentes de hace décadas entre ambas naciones, Ecuador –como país- aún se siente obligado a reforzar sus fronteras norte, considerando la permanente violación territorial que se promueve por parte, tanto de las fuerzas armadas colombianas, como de las irregulares, en un conflicto que no le pertenece al país y que sin embargo, de a poco, se lo ha ido inmiscuyendo.

Por ello, se conoce que, alrededor de 438 millones de dólares invertirá el Gobierno para elevar la vigilancia en la Frontera Norte.

Estas asignaciones han sido canalizadas después del ataque de las tropas del Ejército colombiano al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.

Desde entonces, el gobierno de Rafael Correa anunció cambios en los equipos que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) emplean en la frontera norte.

Aparentemente, luego de la guerra declarada con el Perú, en el Cenepa, cuando las Fuerzas Armadas mostraron capacidad en la defensa del suelo patrio, se formó un falso concepto de que estaban perfectamente equipadas, por lo que desde entonces no se dotó de los recursos necesarios para reforzar la seguridad del país con equipos modernos y adecuados.

Ello, a decir del alto mando militar, habría incidido para que no se haya cumplido con un control estricto en la frontera norte; situación que, se ha dicho, aún es tiempo de remediar.

Ante esta situación, y para proteger la frontera con Colombia de infiltraciones terrestres se han destinado 57 millones de dólares, que serán entregados a la Aviación de la Fuerza Terrestre en tres años.

Una especie de control obligado ante las circunstancias.