(JR).- En la mañana del sábado 31 de mayo se brindó una rueda de prensa en el Oro Hotel, de esta ciudad, donde el presidente del directorio de la empresa INVERMUN S. A., Alexander Martín Rosemberg denunció, ante los representantes de los medios de comunicación de la localidad, por la constante persecución a las salas de juegos tragamonedas que pertenecen a la compañía de inversiones mundiales (Invermun), a pesar de contar con un amparo constitucional que les concedió el juez vigésimo de lo Penal del Guayas, Jorge Moreno, en el 2000.

Una de estas denuncias ya se encuentra en proceso en contra de la Intendenta de la provincia del Guayas a quien, según Rosemberg, cometió presunto prevaricato, desacato y abuso de facultades quien el pasado lunes clausuró las salas de juegos tragamonedas que funcionan en Guayaquil.

Algo similar podría suceder en la capital orense toda vez que en días anteriores se clausuró la sala de juegos “Money&Money que funciona en la esquina de 9 de Octubre y Guayas, contrariamente a la existencia de un Amparo Constitucional anotado anteriormente, y que fuera ratificado por el Tribunal Constitucional en marzo del 2001.

Recordó que pese a esto, un acuerdo ministerial pretendió desconocer la actuación del Juez, pero este, en una providencia emitida el 26 de febrero pasado, ratificó que cualquier disposición legal o reglamentaria que perturbe lo resuelto en un recurso de amparo es inaplicable.

El ejecutivo mencionó que este tipo de persecuciones se vienen dando en todo el país originándose incidentes que no dejan de evidenciar el interés de grupos o gente asociados en casinos y bingos enraizados en el país que el único afán es monopolizarlos como también pretender ser jueces para decidir quienes deben ejercer esta actividad, inclusive decidiendo quienes pueden entrar a las grandes salas de juego.

Asimismo, expresó que solicita a las autoridades del Ministerio de Gobierno de la provincia se respete el Amparo Constitucional, ya que la inversión de la empresa, que data del año 1999 en el país, se la ha realizado por la creencia jurídica en el país., “estamos interesados en seguir invirtiendo en el negocio pues creemos fielmente en la seguridad jurídica.

En días anteriores expresó el Presidente Rafael Correa que debe respetarse el Estado de Derecho en todos los casos, principalmente los amparos constitucionales”, sostuvo Rosemberg.

También se dijo que la empresa brinda trabajo a más de mil empleados en provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas y El Oro, “vamos hacer respetar el Amparo Constitucional les guste o no a las autoridades del Ministerio de Gobierno en esta provincia”, acotó.

En una comunicación dirigida por el Subsecretario General de Gobierno a los Gobernadores de las provincias anotadas, en parte del texto dice.

“No esta por demás manifestar que la Constitución Política del Estado, es norma suprema. De aplicación obligatoria y que se encuentra por encima de cualquier otra ley, decreto, ordenanza o disposición de carácter administrativo; razón por la cual existiendo una resolución de Amparo Constitucional emitido a favor de las personas jurídicas antes referidas, la disposición emanada de este Ministerio no puede tener efecto para caso concreto”.