(JR).- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Unidad de la Defensoría Pública Penal, designó para El Oro a las abogadas Miriam Benavides Bermeo y Aime Maza Calle como Defensoras Pública Penal y de Derechos Humanos, cuya misión es aligerar los procesos judiciales de los internos de la cárcel de Machala y del Centro de Detención Provisional (CDP) que no tienen para pagar su defensa, así como de asistir a los detenidos en delitos flagrantes durante las audiencias orales de juzgamiento.

El objetivo del Ministerio es descongestionar las cárceles cuyo hacinamiento por presos que deberían ser liberados cuesta al Estado casi USD 2’000.000 anuales a nivel nacional.

Para ello creó en agosto del 2007 la Unidad de Defensoría Pública que inició en Quito y Guayaquil y que desde ayer se extiende al resto del país a excepción de Santa Elena y Galápagos.

Ecuador es el segundo en Latinoamérica en aplicar ese sistema, basado en la experiencia de Chile.

Según se dio a conocer luego del censo carcelario, las abogadas revisarán los expedientes de los internos y conversará con cada uno, para el efecto comenzarán con 10 privados de libertad cada una.

Por lo pronto harán lo mismo con los del CDP, “en el país los presos preventivos superan el 60%, que por robar una gallina están entre uno y tres años, a ellos les vamos a ayudar”, se comentó.

Además, tendrán la facultad de presenciar en la Policía Judicial (PJ) la elaboración de los partes de delitos flagrantes.

“Nombramiento no es político” Junto a los otros 182 nuevos Defensores, Benavides y Maza recibieron del 12 al 16 de mayo, en Quito, capacitación técnico – jurídica “para actuar de manera eficiente especialmente en audiencias de delito flagrante”.

Hasta que les designen un espacio oficial arrendarían una oficina cerca de los Juzgados para iniciar la atención.

Se aseguró que coordinará con el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Corte de justicia, Policía Judicial, Colegio de Abogados.

Las flamantes defensoras de los presos indicaron que sus designaciones llegaron directamente del Ministerio por sus méritos: capacitación, conducta, entre otras virtudes.

La rehabilitación social no llega

No está en proyecto ninguna construcción de un nuevo centro carcelario, inclusive no existe el terreno.

Los problemas de hacinamiento e insalubridad están lejos de terminar en la cárcel de Machala.

Hasta el momento no se ha dado una verdadera atención en las declaraciones de emergencia dictadas por el Gobierno de turno Continúan las mismas celdas, una celda de 1.5 x 1,5 m compartida por 5 reos.

La construcción definitiva de la cisterna está abandonada hace unos 8 meses aproximadamente.

Según el director del Centro de Rehabilitación Social de Machala, doctor Luís Arreaga, la rehabilitación es una de las preocupaciones de directivos del centro, donde el 90% de la población carcelaria está implicada especialmente en tráfico de droga.

Una ciudadana peruana. que cumple una condena de 12 años , dijo que las cárceles ecuatorianas se han convertido en “universidades de la delincuencia”.