La antipatía que acumularon el ex Superintendencia de Compañías, el Presidente y el Gobierno logró que pasará inadvertido un desafuero jurídico del Tribunal Supremo Electoral convertido, desde la destitución de los 57 legisladores, en el órgano ejecutor de las decisiones políticas del Ejecutivo; incluso mucho más que la Asamblea Constituyente.

El TSE sorprendió con su decisión de destituir a un desprestigiado Superintendente, pero borró todo al exhonerar de responsabilidad al Presidente por los gastos de Campaña. Aunque sea tarde, es válido recordar, en medio de tantas turbulencias, que en una democracia existen funcionarios de Estado y otros de Gobierno.

Los primeros corresponden a la globalidad de la sociedad política y no responden en su ejercicio a ninguna función del Estado; otra cosa son los de Gobierno, que sí dependen administrativamente de esas funciones.

Cuando se confunden los dos esquemas estamos en dictadura o en cualquier forma de gobierno en la cual se concentran todos los poderes; el orden jurídico es relativo y se cuenta a favor del Gobierno con una red de entidades que acepta las directrices o sucumben sus titulares.

El caso del Superintendente de Compañías merece algunas observaciones en función del futuro jurídico e institucional del país.

El Superintendente de Compañías, así como otros representantes de organismos de control son del Estado; es decir, no son dependientes directos de una función como lo pudieran ser un ministro, un legislador o un juez; por tanto, tienen un rango jurídico superior dentro del marco constitucional; en consecuencia, en este caso el nombramiento, enjuiciamiento y sanción son de compentencia exclusiva del Congreso Nacional al tenor de la Constitución de 1998 y jamás del TSE.