Serán capaces el presidente Daniel Ortega y su grupo de comprender el enorme daño que le están causando a Nicaragua con su irrespeto por las instituciones democrática, su afán de control social, su desdén por las libertades individuales, su errática política económica, su turbiedad en el manejo de los asuntos públicos y la puesta en práctica de una política exterior más basada en las preferencias ideológicas que en las necesidades e intereses del país?

Cada vez abundan más los indicios de que han perdido tal capacidad, y cada vez, por no leer el signo de los tiempos ni rectificar oportunamente, las consecuencias son más negativas para la población.

Precisamente por el desastroso curso del Gobierno, y la manera en que está afectando al de por sí debilitado conjunto institucional nicaragüense, ayer dimos a conocer que, a finales del pasado año, Alemania decidió eliminarle $11 millones de ayuda presupuestaria, algo que afectará directamente el desempeño del aparato público.

Pero más grave aún que la medida en sí misma, son las razones en que se basaron, y que, textualmente, rezan así: “Deficiencias en la división de poderes, la subordinación de la justicia a la política, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la corrupción y el desprecio por los derechos humanos”, a lo cual se suma la incapacidad para conducir los programas de lucha contra la pobreza “de manera consecuente ni efectiva”. En síntesis, un verdadero descalabro gubernamental desde una base peligrosamente autoritaria.

De la perniciosa subordinación del aparato judicial a los intereses políticos, es un claro y negativo ejemplo la arbitraria condena, por injurias y calumnias, que un juez de Managua impuso contra el director y el jefe de redacción del diario independienteLa Prensa , por una información titulada “CPC con licencia para dar golpizas”.

Los CPC, o Consejos del Poder Ciudadano, son instrumentos partidistas, jefeados por la primera dama, Rosario Murillo, mediante los cuales el Ejecutivo ha pretendido imponer decisiones a escala local y regional. En su información, el periódico dio cuenta de algunos de los excesos cometidos por esos grupos, que no cuentan con el aval legislativo. Cinco afiliadas a los CPC se dieron por aludidas en su “honor” personal, plantearon la denuncia, y los periodistas fueron declarados culpables el 17 de abril. El actual estado de cosas ha implicado una clara involución en los lentos y costosos avances democráticos de Nicaragua.