(JLL).- A las 09.00 los Pequeños Mineros de la Parte Alta, partieron desde la Ciudadela 28 de Noviembre, recorriendo las principales calles de la ciudad y lanzando epítetos tales como “…Concesiones mineras, sinónimo de explotación y desolación…” entre otros calificativos que demostraban su rechazo a las mineras extranjeras, demostrando una vez más la unidad de los artesanos auríferos.

Luego arribaron al Cantón Minero 7 de los 13 Asambleístas que conforman la Mesa 5 de Recursos Naturales y Biodiversidad; Mónica Patricia Chují, Presidenta de la Delegación, inmediatamente pidió reunirse para tratar los asuntos prioritarios que acontecen en tan importante sector económico, principalmente problemas que acechan a los Pequeños Mineros.

Áreas mineras

El área minera de nuestro país tiene concesionadas cerca de 4 millones 111 mil hectáreas de territorio, donde gran parte pertenecen a lugares concesionados de la Parte Alta lo que ocasionan los conflictos y desalojo a los artesanos, cifra que supera levemente la superficie designada para la minería en Perú: 4 millones de hectáreas.

Existen facilidades para las mineras extranjeras, ventajas que antes de la Ley Trole II no había; por ejemplo, por daño ambiental hoy no se puede suspender ni revertir al Estado las concesiones mineras.

Igualmente la Ley Minera quitó el 3% de regalías sobre el material en bruto que se saque, hoy no pagan ni un solo dólar por patente minera, que es el arriendo que se paga para una concesión por año.

El Banco Mundial tiene un catastro minero del país cuantificado en un 20% del territorio ecuatoriano, es decir, de los 27 millones de hectáreas totales, 5 millones de hectáreas serían el potencial minero del Ecuador.

Compra de conciencias

Los dirigentes plantearon que las transnacionales mineras utilizan diversas estrategias para ingresar en las comunidades y lograr su aceptación, una de ellas es la “compra de conciencia” de los principales dirigentes, para que estos convenzan al resto de pobladores de los “potenciales beneficios”; las mineras privadas ofrecen programas sociales para las comunidades aledañas a las zonas de concesión: programas de desarrollo local en materia de productividad, capacitación técnica de la agricultura y la ganadería, vialidad, reforestación y obras públicas.

Sin embargo, nada de esto se cumple.

Todo lo contrario.

La explotación minera a gran escala produce un impacto directo en el suelo, la flora, la fauna y el agua.

En la explotación se utilizan químicos como el cianuro o el mercurio para separar el oro de otros minerales de la naturaleza, elementos que directamente se depositan en los yacimientos hídricos.

Las transnacionales mineras y las hidroeléctricas privadas, a más de la conflictividad social que producen, terminan con las fuentes primarias de agua (bosques, pajonales), envenenan los ríos, erosionan el suelo y contaminan el aire. Los productos químicos que se utilizan en la minería son altamente contaminantes y nocivos.

Resoluciones

En su intervención, la Asambleísta Chují, manifestó que el sector minero está afectado por una hemorragia de concesiones, que representan 2.8 millones de hectáreas.

De otra parte, al analizar el estado actual de la pequeña minería, señaló que dicha actividad, pese a su enorme potencial para el desarrollo, está atravesada por la pobreza, discriminación y explotación de un importante segmento de la población que practica informalmente la minería.

Que el Estado deje de ser un actor ausente en los procesos mineros así mismo sostuvo que la minería en pequeña escala constituye el sustento para alrededor de 100 mil familias que trabajan en medio de graves problemas de inseguridad jurídica, falta de apoyo económico y poca tecnificación.

De allí que enfatizó en la necesidad de que el Estado deje de ser un actor ausente en los procesos mineros, para pasar a convertirse en un agente de desarrollo social, a través de nuevas políticas mineras mediante la Asamblea Nacional Constituyente.

Finalmente, explicó que el sector minero vive un momento difícil, por varios efectos destructores y lamentó el hecho de que la minería, lejos de ser un factor de desarrollo social se haya convertido en un escenario de conflictos y pugnas entre las comunidades, los concesionarios y el propio Estado.

De esta manera las propuestas de diferentes organizaciones; mineras y sociales de la Parte Alta, fueron expuestas ante los Asambleístas, solicitándoles sean revisadas y tomadas en cuenta para la elaboración de la Carta Magna.

Cabe indicar que la reunión planificada en Machala fue suspendida de última hora en vista de la visita del presidente de la República, Rafael Correa, quien ocupó el salón de la Provincia para reunirse con el COE, justamente en el mismo lugar donde debían llegar los asambleístas.